Existen interrogantes sobre la reparación de colectores
Funcionarios comparecerán ante empresarios
TORREÓN, COAH.- El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), solicitará la intervención de la Contraloría General del Estado para que investigue la violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, en la que supuestamente incurrió el gerente del Simas, Fernando Alatorre Dresel, al asignar obras de reparación de colectores en forma directa a su cuñado, Eduardo Jiménez Saracho, titular de Desarrollo Urbano.
Pero antes, según Roberto Rodríguez Cruz, presidente del organismo empresarial, serán citados a comparecer el próximo martes en sesión extraordinaria, ambos funcionarios municipales, así como el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga Gotés, en este caso para que explique desde el aspecto legal y técnico los procedimientos para las asignaciones de obra en forma directa como sucedió en los casos de los colectores colapsados, los pasos a seguir para las licitaciones y cuando se utiliza el mecanismo de la invitación.
“Y es que queremos escuchar todos los puntos de vista, directamente por parte de los actores, para que digan lo que consideren pertinente, no para enjuiciarlos, ya que no somos autoridades, sino para escuchar sus testimonios y que se aclaren infinidad de interrogantes que siguen precisamente por eso, porque las autoridades municipales hasta ahora no han informado debidamente sobre el caso”.
El empresario, tras desligarse de toda relación panista, dijo que son ya demasiados señalamientos como para que las cosas sigan igual y no intervenga autoridad alguna, “los empresarios no vamos a culparlos o a exonerarlos, es un hecho que en supuestas triangulaciones de obra o en violaciones a la Ley de Responsabilidades como se presume en este caso del gerente del Simas, debe respetarse la Ley, con todo y las sanciones que de ella se derivan en caso de violación”.
Ayer, los organismos y cámaras que integran el CLIP celebraron su reunión ordinaria quincenal teniendo como anfitrión a la Cámara de Comercio de Gómez Palacio y ahí se discutió ampliamente el tema. Estuvo el presidente de la Cámara de la Construcción y propietario de la empresa Jibe, Darío Jiménez Berumen, quien a su vez es consejero del Simas y tiene obra asignada también por el Simas en la reparación de colectores, explicó la situación en lo que a su empresa concierne.
Rodríguez Cruz expresó que aunque las cosas parecen claras, admitió que él y otros consejeros desconocían lo que dice la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y lo que señala la Ley de Obras Públicas al respecto.
Es un hecho que no debe haber impunidad, debe aplicarse la Ley y si el Alcalde no sabía de las irregularidades, es importante que ahora las conozca.
Debe quedar claro que el hecho de ser funcionario público implica una fuerte responsabilidad moral y profesional, que no le da derecho a nadie a aprovecharse de un puesto público para beneficiarse o hacerlo con sus familiares, según el presidente del CLIP, que urgió la necesidad de que esta administración municipal se maneje con más transparencia.
Sin oficio político
El alcalde, Guillermo Anaya, tiene graves problemas a causa de la falta de oficio político de sus principales colaboradores que “no tienen la mínima idea de lo que es la función pública y en vez de solucionarle los conflictos, se los hacen más grandes por su indiferencia y soberbia”, acusó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, (Canacintra), Fernando Madero Ruiz.
Y es que “dejaron que las cosas se hicieran grandes, no aclararon con tiempo, la forma ni el fondo de que se hayan asignado las obras de reparación de colectores por parte del Simas a empresas, una de ellas supuestamente propiedad del titular de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho, cuñado de Fernando Alatorre Dresel.
En este contexto, el industrial citó también aspectos de sentido común, como el hecho de que “si yo le hago trabajos al Municipio, tengo una constructora y luego me ofrecen un puesto en Obras Públicas o en Desarrollo Urbano, es lógico que por una cuestión de ética yo no le hubiera entrado, para evitar problemas”.
Sostuvo que todo el problema de los colectores con los beneficios familiares, “se desbordó, porque ni por parte del Alcalde, ni de sus colaboradores, ni en la parte que hace al Simas, informaron debidamente y al contrario, se dedicaron a descalificar las críticas y señalamientos.
Para el dirigente de los industriales no se pone en duda la probidad de los funcionarios municipales, pero “cuando no hay información, se genera especulación”, refiriéndose a que “no hagas cosas buenas que parezcan malas”.
Reprobó además que el alcalde, Anaya Llamas, descalifique a las personas que emiten una crítica como sucedió en el caso del presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Rubén González, a quien llamó varias veces, “títere”, cayendo en un pleito innecesario.
Por lo tanto, lo que sucede actualmente, la pésima imagen que se tiene de la ciudad, no es culpa del todo de Guillermo Anaya, sino también de su equipo de trabajo, el cual tiene ya varios “méritos” en su haber y situaciones en las que pudiendo arreglar los problemas, los han hecho más grandes de manera arrogante, soberbia.