La caída de los más importantes distribuidores de drogas al menudeo en las ciudades de Torreón y Saltillo respectivamente, representa un duro golpe a esa ilícita actividad. Lo anterior es motivo de reconocimiento al trabajo de la Procuraduría General de la República en nuestra región, en virtud de que ambos operativos rompen un arraigado precedente de impunidad que parecía no tener fin.
Sin embargo no se justifica lanzar campanas al vuelo, en virtud de que el narcomenudeo es una hidra de muchas cabezas que regenera y multiplica con rapidez, aquéllas que le son cortadas. Las mismas detenciones de grandes capos a nivel nacional, han propiciado un cambio en la operación de la delincuencia que atomiza y dispersa los mandos, lo que dificulta aún más el combate al tráfico de drogas.
En el caso de nuestra ciudad, el capo regional se apoderó del sector poniente a partir de su centro de operaciones en la Colonia Durangueña. Resulta difícil dimensionar los alcances y el arraigo de dicha red en los cuerpos policíacos y en la entraña de una sociedad que es a la vez consumidora y promotora de una estructura de comercialización ilícita, que ofrece ingresos y estatus a sus integrantes.
El problema es grave porque además del ingrediente criminal, nos enfrentamos a un problema social cuya atención demanda el compromiso de gobernantes y gobernados. Es necesario emprender desde los hogares y los enclaves culturales de la sociedad un movimiento para disminuir y erradicar el consumo de drogas, antes de que dicho fenómeno acabe por condicionar nuestros modos de vida de manera irremediable.