POR MARÍA ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE TORREÓN
Torreón, Coah.- Tras la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en Coahuila, debe generarse una amplia y detallada difusión acerca de la forma y procedimientos para hacerla efectiva, como todo un proceso de carácter cultural que involucre a la comunidad, dijo Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.
En su opinión, la única forma de aprender que se cuenta con un derecho es ejerciéndolo, pero en esto jugará un papel importante el Instituto Estatal de Acceso a la Información que deberá conformarse debidamente.
Otro vehículo importante de difusión podrían ser las instituciones educativas, tomando en cuenta que las dependencias estatales o federales carecen de la estructura adecuada para llevarlo a cabo.
La ciudadanía tendrá que ampliar su visión acerca de las ventajas y posibilidades que le otorga esta nueva Ley, de manera que será la propia comunidad la que decida qué aspectos relacionados con el manejo de recursos e información pública deben transparentarse.
Miguel Ángel Ordaz expuso que la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública constituye un avance importante en la entidad, tomando en cuenta que otros Estados ya la tienen y están generando resultados que incluso, pueden ser considerados como punto de referencia, tal es del caso de Sinaloa o Yucatán.
A diferencia de éstos, dijo, el Estado de Querétaro cuenta con una Ley de transparencia todavía más detallada y completa.
A partir de las obligaciones que establece esta Ley, cualquier acto de carácter público que genere una dependencia de gobierno puede ser documentado, en función de la trascendencia que dicha información tenga para la ciudadanía.
Esto, además, servirá para que dentro y fuera de las estructuras de gobierno se genere una cultura de mantener vigente cualquier tipo de archivo.
Para el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UA de C, la existencia de esta Ley por sí sola no generará la confianza entre la comunidad hacia un manejo más claro y transparente de los recursos y las administraciones públicas.
Más que nada, dijo, constituye una base fundamental para darse cuenta de que ya se dispone de un instrumento o herramienta que permitirá exigir que se propicie esa transparencia.