POR JORGE RODRÍGUEZ ESTRADA
FOTOS: ÉRICK SOTOMAYOR
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Postrado en una cama donde permanace la mayor parte del día, Raúl Medina García ve transcurrir la vida sin tener la noción de lo que le sucede. Esto es el resultado del coma profundo en el que permaneció durante 22 días, luego del “accidente” anestésico que sufrió en una cirugía que le practicaron en el Seguro Social.
El 28 de junio de 2002 Raúl ingresó al quirófano del Hospital General de Zona No. 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde le practicaron una circuncisión y el anestesiólogo Javier de la Torre Buendía descuidó su trabajo para “ir a tirar dos jeringas a la basura”.
Desde ese día Belén García Chávez y Raúl Medina Bernal, padres de Raúl y su esposa Elsa Guadalupe Rodríguez de Medina, han exigido a las autoridades que se haga justicia y esta negligencia médica no quede impune como muchas más que han quedado en el olvido.
Raúl, de 31 años de edad, con domicilio en calle Plaza de Armas No. 1645 de la colonia Rincón La Merced, vivienda que consiguió por un crédito de Infonavit, permanece acostado en la cama, frente a dos imágenes religiosas, una de la Virgen de Guadalupe y otra del Sagrado Corazón de Jesús.
Afuera, en los juzgados, se libra una batalla legal para que el médico responsable de este grave error cumpla con su obligación y repare el daño ocasionado. Raúl como un niño de corta edad tiene que ser alimentado y cambiado de pañal varias veces al día.
Mientras tanto, el doctor Javier de la Torre Buendía, sobre el que pesa una orden de aprehensión e incluso ya le fue dictado el auto de formal prisión, sigue libre protegido por un amparo que consiguió cuando le avisaron que se procedería en su contra.
“Están en su derecho”
Desde aquella madrugada del 29 de junio cuando se les informó que “algo salió mal” durante la cirugía, la esposa y padres de Raúl decidieron interponer la denuncia respectiva, luego que el subdirector médico les dijo: “Están en su derecho de hacer lo que más les convenga”.
Con estas palabras, el funcionario del IMSS pretendió desanimar a los furiosos familiares del paciente a quien acababan de destruir su vida y quienes exigían una explicación minuciosa de lo que había sucedido. Explicación que nunca llegó.
Médicos, enfermeras e incluso altos funcionarios de la institución, no dieron la cara y cuando el caso se ventiló a la luz pública se limitaron a decir que todo se resolvería en los tribunales.
Incluso la Agencia del Ministerio Público de Delitos Contra la Vida y la Salud Personal, Coordinación “A”, a cargo de Carlos Falcón Sifuentes, se encontró con una mafia institucional al tener que solicitar por escrito y a la brevedad posible, todo el expediente de Raúl, ya que se temía modificaran el diagnóstico para favorecer al presunto responsable.
Carlos Falcón Sifuentes asegura que sí existe responsabilidad del doctor Javier de la Torre Buendía, luego que salió del quirófano sin dejar a nadie al pendiente del paciente.
El diez de enero del año en curso fue consignada la averiguación previa penal al Juez Primero Local Letrado, Octaviano Sánchez Sánchez, quien determinará las sanciones a que se hará acreedor el médico especialista.
Raúl, de 31 años de edad, padece las consecuencias de la negligencia médica de la que fue objeto, dejándole secuelas permanentes, a grado tal que tiene que ser atendido como un bebé, que no reconoce ni siquiera a su progenitora.
Su situación se agravó aún más, ya que en el lugar donde trabajaba fue dado de baja.
Represalia institucional
Una vez enterados de la acción legal que se iniciaba en contra de uno de los médicos del Seguro Social, las represalias en contra de quienes osaron a llevarla a cabo, no se dejaron esperar y el mayor perjudicado fue Raúl.
Trato grosero y despótico comenzaron a recibir los padres de la víctima de la negligencia médica, cuando asistía a las sesiones de terapia física que obligadamente debe darle el IMSS.
Incluso uno de los médicos responsables de dicha área se atrevió a decir que era todo lo que se le podía brindar, pues el paciente nunca iba a recuperar sus facultades de antes, por lo que “es mejor que ya no lo traigan”.
En respuesta, la madre del joven le exigió a dicho facultativo que le extendiera un documento en el que mencionara lo anterior, lo que el galeno prudentemente se reservó.
El desquite no acabó aquí, pues el servicio de transporte que se tiene para los derechohabientes que deben recibir rehabilitación física, dejó de acudir al domicilio de Raúl, quien ahora se tiene que trasladar en taxi teniendo que pagar 40 pesos por ida y vuelta, los días que va a terapia.
Desalojados del hospital
Molesta porque Raúl ocupaba una cama desde el día que salió del coma causado por la anestesia del 23 de septiembre de 2002, Elisa Guadalupe Baqueiro Absalón, directora del Hospital General de Zona No. 16 del IMSS, fue hasta donde se hallaba Raúl para obligarlos a que dejaran la clínica, pues ya había sido dado de alta.
Lo anterior ocurrió en varias ocasiones hasta que se le dijo a la funcionaria que sólo esperaban la valoración del médico legista para retirarse, a lo cual Baqueiro Absalón les respondió que eso lo podían hacer en su casa.
Fue así como el 28 de septiembre del año pasado, Raúl fue trasladado a la casa de sus padres, sito en calle “N” No. 739 de la colonia Eduardo Guerra, donde cada día se deteriora más su salud y desde una cama ve pasar la vida.
POSIBLES SANCIONES
El doctor Javier de la Torre Buendía, además de la probable acción penal que se ejercerá en su contra, podría ser inhabilitado de desarrollar su profesión por varios años, explica Carlos Falcón Sifuentes,
Agencia del Ministerio Público de Delitos Contra la Vida y la Salud Personal, Coordinación “A”.
Según el artículo 341 del Código Penal de Coahuila, la pena que se estipula en este tipo de delitos alcanza de los tres a 12 años de prisión, que en su modalidad de culposo, serían de tres meses a un tercio de la pena máxima (cuatro años).
De encontrarlo culpable el Juez Primero Local Letrado, además de la sanción corporal, deberá dictarle la suspensión o inhabilitación hasta por diez años para realizar la actividad por la que sucedió la conducta culposa.
Todo esto aparte de la reparación del daño, que deberá ser calculado en base al Código Penal, Ley Federal del Trabajo y el Código Civil.
FUENTE: Procuraduría General de Justicia del Estado
La Falta de dinero
Dos hijos, Alexis Raúl y Juan Enrique, de siete y dos años de edad, respectivamente, son el fruto del matrimonio de Raúl hace ya más de ocho años con Elsa Guadalupe Rodríguez Alonso, quien angustiada por la falta de dinero asegura: “Me pondré a trabajar”.
“Es necesario hacerlo, pues los gastos son cada vez mayores y no vemos el día en que salgamos de deudas”.
“Mi esposo casi no come y cuando trata de masticar algo, se la pasa así por varias horas, hasta que devuelve todo, porque no sabe deglutir los alimentos”, aseguró.
“Con Alexis Raúl en la escuela y Juan Enrique el pequeño, se me pasa todo el día, pero de alguna u otra forma tenemos que salir”.
Una vez que el departamento de Medicina del Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social determinó procedente la solicitud de pensión por invalidez de Raúl Medina García, ninguno de sus familiares pensaba con los problemas que habrían de surgir.
Desorientada por los empleados de Pensiones de esa institución, que no le proporcionaron la información necesaria para su decisión, Elsa Guadalupe Rodríguez de Medina, esposa de Raúl, firmó (casi obligada) por el régimen 1973 del IMSS.
“Lo hice porque me dijeron que si firmaba por el régimen 1997, no tendría derecho a servicio médico y otras prestaciones que otorga el Seguro Social a sus derechohabientes”, aseguró Elsa.
“Me interesan Raúl y mis dos hijos, para que no se queden sin atención médica”, agregó.
“Dijeron que recibiría dos mil pesos mensuales, pero luego de 15 días que me dieron la resolución favorable, resulta que sólo llegaron mil 600 pesos”.
Lo anterior fue calificado por la atribulada mujer como una miseria, toda vez que sólo se le otorgó el 75 por ciento de pensión por invalidez, luego que fue en el Hospital General de Zona No. 16, donde dejaron incapacitado de por vida a su esposo Raúl.
Por ello, aseveró, interpuse el recurso de inconformidad a fin de que me permitan corregir y firmar con el régimen 1997.
“El instituto tiene en su poder alrededor de 20 mil pesos, cantidad que no he recogido, pues espero el resultado de mi inconformidad”, dijo.
“Además, el documento donde se me informa de la pensión se extendió en forma provisional con vigencia de dos años, tiempo en el cual no es posible que Raúl se recupere en su totalidad. El documento está firmado por la subdelegada María Natividad Gómez Díaz, quien por ningún motivo acepta réplica en su contra”.
Debido precisamente a que el documento de pensión por invalidez es de carácter provisional, en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), no ha aceptado liberarle del adeudo del crédito que aún tiene y por el cual le urgen a pagar a la brevedad posible.
“Si acepto los mil 600 de la pensión, ¿Cómo le haré para pagar los 270 pesos semanales del Infona-vit? ¡Me quedarían 420 y esto no alcanza para las necesidades más apremiantes”!, exclamó.
“Desde el pasado mes de julio no se ha abonado nada a esa dependencia, de la que ya recibí una notificación para que acudiera a saldar el adeudo pendiente a la brevedad posible”.
“De momento vivimos de milagro mis hijos y yo, con lo poco que me ayudan mis suegros, pero ellos también tienen sus compromisos y esto no va a ser para siempre”.
“Además, es necesario comprar dos bolsas de pañales por semana, pues Raúl no controla sus esfínteres y esto no lo podemos hacer a un lado”.