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MÉXICO, DF.- El Gobierno Federal se deslindó de toda presión en el caso del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, quien renunció a integrar la resolución en la cual propondría al pleno de la Corte un fallo adverso al presidente Vicente Fox, en el caso Fobaproa-IPAB.
El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, comentó que desconoce la situación que antecedió a la renuncia del ministro decano de la Corte, quien es responsable de plantear la decisión judicial en torno de una de tres controversias constitucionales que inició el Ejecutivo y que de negársele el derecho obligaría a instituciones bancarias a absorber deudas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
“Respetamos en su integridad la autonomía e independencia del Poder Judicial, y en particular de la Corte -dijo Creel Miranda- ; sus resoluciones no se discuten, se acatan por parte del gobierno”.
Castro y Castro acusó que dentro de la Corte ha habido obstrucciones al avance del proceso del que es responsable, para que no se resuelva.
En sus comentarios, Creel Miranda aseguró que “tenemos una Suprema Corte independiente y autónoma; sus decisiones tienen fundamento y razón jurídica”.
En entrevista, señaló que con algunas resoluciones de la Suprema Corte “quizá no podemos estar del todo de acuerdo, pero su acatamiento debe ser incuestionable”.
El titular de Gobernación afirmó que el Ejecutivo federal no está dispuesto a renunciar a la facultad constitucional de presentar al Senado ternas de prospectos para ser ministros de la SCJN.
Los ministros Juventino Castro y Castro y Vicente Aguinaco Alemán finalizarán el 30 de noviembre sus periodos de funciones regulares, con lo cual pasan al retiro.
Creel Miranda dijo de ellos que son “grandes mexicanos, que han dado muestras de ser gente de bien”.
Al momento, se procede a la integración de las ternas de las que serán seleccionados sus sucesores. “Valoramos a cada candidato o candidata para la integración de las propuestas que serán presentadas, primero al Presidente de la República, y que luego el Ejecutivo enviará al Senado, para que se resuelva en definitiva”.