Si algún miembro decide salirse, tendrá que dejar las plazas
El dirigente estatal de la CNTE, Luis Arnulfo Rosales de la Hoya, negó que se hayan falsificado firmas para despojar de su plaza a Jorge Alberto Burciaga Zubía, y atribuyó a “revanchismo” de compañeros expulsados, y a cuestiones políticas, la denuncia que interpuso el afectado “ a más de dos años de que supuestamente quedara sin su base, lo cual resulta extraño para alguien que deje de recibir el sustento económico en tal tiempo”.
Además, aclaró que cuando presuntamente se le quitó la plaza a Jorge Alberto Burciaga, él aún no asumía la dirigencia, ni estaba en una cartera afín en el Comité Ejecutivo de la CNTE, por lo que desconocía los orígenes de la querella. Sin embargo, explicó que nunca se realizaron las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público.
De acuerdo con la versión del diputado panista Mario Moreno, Jorge Alberto Burciaga Zubía, en la denuncia penal que presentó, acusó directamente a Martín Gerardo Pantoja Avila como responsable del despojo, luego de que supuestamente los peritajes caligráficos del Ministerio Público arrojaron precisamente que se falsificó la rúbrica en la que renunciaba a la plaza de maestro de educación física en febrero de 1999.
Rosales de la Hoya contextualizó la denuncia pública en la “expulsión de ocho compañeros” que desertaron de la CNTE, y a los que la Secretaría de Educación fundamentó las respectivas rescisiones de contrato en actas administrativas de abandono de labores.
Inclusive, según el dirigente de la Coordinadora, en los juicios que promovieron ante los tribunales laborales de Conciliación y Arbitraje, las resoluciones ratificaron las rescisiones de contrato, y solamente en el caso de un intendente se obligó a la Secretaría de Educación a la reinstalación y pago de salarios caídos.
Desde su punto de vista, si realmente existe una resolución penal en su favor, entonces deben existir los mecanismos legales para obligar a la Secretaría de Educación a que cumpla con las recomendaciones. Pero resulta extraño que después de dos años reclame la plaza y no lo hiciera de inmediato cuando supuestamente se le quitó, enfatizó.
En todo caso, que reclamen a la Secretaría de Educación el cumplimiento de la resolución, y de existir señalamientos concretos de falsificación, que los fundamenten, pero que no traten de “llevar agua a su molino” y aprovechar la coyuntura política.
Silencio
Desconocen falsificación
Obstaculización de las funciones periodísticas de El Siglo de Durango fue lo que provocó Emilia Manzanera, secretaria particular en la Subsecretaría de Servicios Educativos, al tratar de evitar que este medio de comunicación tuviera contacto con su jefe, Víctor Lerma Moreno, representante de esta área, para ser cuestionado sobre la presunta falsificación de firmas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
El Siglo de Durango buscó como alternativa, y en ausencia de Adrián Laveaga Hernández, al subsecretario de Servicios Educativos, Víctor Lerma Moreno.
Emilia Manzanera dijo, de entrada, que se encontraba muy ocupado y que iba de inmediato a una reunión. Se le pidieron sólo tres minutos para hacer efectiva la entrevista.
Por este motivo la secretaria particular aseguró que El Siglo de Durango sería atendido por el titular del área jurídica, Carlos Vargas Rosales. No fue así, pues este funcionario no se encontró cuando fue buscado.
Al regresar a la Subsecretaría de Servicios Educativos se tuvo la oportunidad de entrevistar, al salir de su reunión, a Víctor Lerma, quien señaló no tener conocimiento al respecto del problema mencionado y aseguró que el afectado tampoco ha tenido acercamiento con él.
Indicó la posibilidad de que el caso pueda estar en otro departamento, “posiblemente en el área jurídica”, expuso.