TORREÓN, COAH.- El Juez Primero de Distrito A en La Laguna, negó el amparo promovido por el anestesiólogo Javier de la Torre Buendía, acusado de los delitos de lesiones gravísimas que ocasionan deformidad o incapacidad permanente para trabajar, provocados al joven Raúl Medina García, en el caso de negligencia médica ocurrido en el Seguro Social el 29 de junio del 2002.
Mientras continúa de manera lenta el proceso legal para deslindar responsabilidades, Belem García Chávez y Elsa Guadalupe Rodríguez, madre y esposa de Raúl Medina, quien a consecuencia de ese descuido quedó condenado a una cama, sólo piden la aplicación de la justicia y reconocen que sus recursos económicos ya se agotaron.
Como se sabe, el joven Medina García ingresó el día antes mencionado a la clínica del Seguro Social donde se le practicaría una sencilla operación de circuncisión, sin embargo por un descuido médico, su vida se vino abajo.
Desde esa fecha, la vida de la familia de Raúl cambió radicalmente, sus problemas económicos se agravaron tomando en cuenta que el dinero que les ofrece la institución médica no representa ni el 30 por ciento de la percepción que tenía el joven.
Mientras la Comisión de Derechos Humanos (CDH), era enterada de la situación, pidió una investigación a fondo de lo ocurrido, el Instituto Mexicano del Seguro Social se deslindó de su responsabilidad y la Procuraduría General de Justicia en el Estado, inició la averiguación previa penal el cuatro de julio del 2002, pues considera que el anestesiólogo, Javier de la Torre Buendía, participante en esa cirugía, incurrió en una conducta violatoria al derecho humano al descuidar a su paciente.
Este profesionista, considera la Comisión de Derechos Humanos, no vigiló estrechamente el estado físico y clínico de Raúl, quien hoy afronta serias dificultades para realizar sus necesidades básicas de vida y definitivamente no podrá trabajar, de ahí el clamor de su esposa y madre.
Solicitó un amparo
Ante tal situación, Javier de la Torre Buendía, mediante demanda presentada en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en La Laguna, el 12 de marzo del 2003, solicitó la protección Constitucional, contra actos del Juez Primero Local Letrado en Materia Penal.
El profesionista reclama el inconstitucional auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de lesiones gravísimas por incapacidad permanente para trabajar cometido en forma culposa y responsabilidad profesional de manera culposa, se indica en el oficio principal 763/2003.
Para la familia del joven afectado, el proceso es lento y no se explican el por qué si todas las autoridades involucradas en el asunto les conceden la razón, no se les ofrece el respaldo justo que demandan, pues su situación económica empeora día con día.