El diputado Rogelio Ayala, indicó que no se trata de una nueva contratación sino de ampliar la autorización existente.
Es mentira que la deuda pública del Gobierno del Estado se vaya a incrementar con la autorización de la nueva solicitud de crédito que está pidiendo el Gobierno del Estado, tomando en cuenta que el Congreso le autorizó al Ejecutivo, en diciembre del 2002, endeudarse hasta por 582.9 millones de pesos, de los cuales solamente se ejercieron 349.9 millones, generando una disposición de 233 millones.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Legislatura, Rogelio Ayala Arzola, indicó que son falsas las apreciaciones que hiciera el diputado del PAN Rubén Velasco Murguía con relación al endeudamiento del Gobierno del Estado en caso de que el Congreso le autorice la solicitud de un nuevo crédito por 220 millones de pesos para diversas obras carreteras.
Explicó el legislador priista que, en diciembre del 2002, el Congreso autorizó al Gobierno del Estado un endeudamiento por 582.9 millones de pesos en tres rubros. El primero fue por 192.9 millones, para cubrir el programa de obra pública directa en el 2003, de los cuales solamente se ejercieron 112.4 millones, por lo que se tuvo una disminución de 80.5 millones de pesos.
El segundo rubro fue por 140 millones de pesos, para el financiamiento del programa de obra pública derivado del programa multianual con el gobierno federal, precisamente para construir las cuatro carreteras, Los Herrera-Tamazula, Durango-Tepic, Coyotes-San Miguel de Cruces y El Salto-Pueblo Nuevo. Posteriormente, este presupuesto vía crédito se tuvo que derogar ante el incumplimiento del gobierno federal para dicho compromiso cuatrianual, argumentando que no tenía recursos, por lo que fue suspendido. Esto significa que hubo una disminución de otros 140 millones de pesos del monto total del endeudamiento autorizado.
El tercer rubro fue de 250 millones de pesos, para el financiamiento de la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán, pero resulta que el gobierno federal anunció que la aportación sería únicamente de 237.5 millones de pesos, por lo que de nueva cuenta se tuvo una disminución de 12.5 millones de pesos.
En virtud de lo anterior, resulta que de los 582.9 millones de pesos de endeudamiento autorizados por el Congreso al Gobierno del Estado, solamente se ejercieron 349.9 millones, de tal forma que la disminución es de 233 millones. Ahora con esta iniciativa, para un empréstito por 220 millones para sacar adelante esas obras, aún ejerciéndolo se tendría 13.1 millones de pesos disponibles en la línea de crédito.
En este sentido, Rogelio Ayala señaló que la deuda pública del estado representa únicamente el 13.1 por ciento de los ingresos estimados para el 2003; asimismo, está contratada a un plazo promedio ponderado de diez años; el servicio de la deuda por el periodo de enero a mayo del presente ejercicio fiscal fue de 48.0 millones de pesos, lo que representa el 1.09 por ciento de los ingresos correspondientes al mismo periodo.
Las amortizaciones de la deuda pública por el periodo de enero a mayo fueron de 142.7 millones de pesos, lo que significa el 3.23 por ciento de los ingresos correspondientes al mismo lapso: Las amortizaciones de la deuda pública por el ejercicio fiscal 2003 se estima que serán de 253.5 millones de pesos, equivalente al 2.69 por ciento de los ingresos que percibirá el estado.
Excedentes petroleros
Pos su parte, el diputado del PAN Rubén Velasco Murguía propuso ante la tribuna del Congreso del Estado que se aprobara un punto de acuerdo en el cual se exhortara al Gobernador del Estado para que dentro del proyecto de la utilización de recursos excedentes de petróleo que le corresponden a Durango, y que son del orden de los 98 millones de pesos, sean canalizados a la realización de estas obras, de tal forma que no se incremente la deuda pública.
Aseguró el diputado panista que no hay necesidad de endeudar más al estado cuando existen otros mecanismos que ayudarían a que se realicen dichas obras carreteras, ya que dentro de la normatividad para los recursos excedentes de la venta de petróleo contempla que puedan utilizarse en infraestructura, pues en caso contrario se continuará endeudando al estado.
Agregó que en otros rubros en donde no se ejerció la totalidad de los créditos autorizados, como el de obra pública directa del 2003, donde solamente se aplicaron 112.4 millones de pesos, de los 192.9 aprobados, hay una diferencia de 80.5 millones, por lo que no se ha explicado dónde quedaron estos recursos. Dicha propuesta fue rechazada por los diputados del PRI.