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MÉXICO, DF.- El presidente Vicente Fox desechó el proyecto de Ley de Aguas Nacionales que para su promulgación le envió la Legislatura anterior y al devolverlo marcó 17 observaciones, en las que destaca su oposición a convertir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un organismo autónomo.
La subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (SG) devolvió al Congreso el decreto de una iniciativa que se había aprobado por consenso de ambas cámaras, en abril pasado y en sus consideraciones el Ejecutivo destaca que lo aprobado sería causa de “litigios de concesionarios, con resultados que en este momento es difícil pronosticar”.
Vicente Fox firma las observaciones y en ellas propone a los legisladores un auténtico federalismo en materia de aguas nacionales, sin recurrir a la autonomía. Podemos avanzar, expone, en una “descentralización funcional y operativa”, que evada el cúmulo de inconvenientes observables.
Se pronuncia por la cautela en los cambios. “Ninguna precaución es superficial -anota- cuando se trata de (la Conagua) la autoridad encargada de regular, administrar y vigilar el aprovechamiento de un recurso considerado ahora como de seguridad nacional”.
Indica que encontró riesgos como de suspensión de funciones por huelga en la Conagua, en caso de que sea autónoma.
Las anotaciones al trabajo de las cámaras en materia de agua se refieren a la naturaleza jurídica de la Conagua, su operación como organismo fiscal autónomo.
Reporta confusión en las características legales de la Conagua y de los organismos de cuenca; imprecisiones en las autonomías de ambas figuras.
Dichas observaciones tienen la finalidad de “mejorar la legislación”, señaló el subsecretario de Enlace Legislativo, Humberto Aguilar Coronado, quien remitió al Senado el documento de 36 páginas, en las que el Ejecutivo argumenta su rechazo a la autonomía tanto de la Conagua, como de los organismos de cuenca.
El decreto de reformas que pasó por consenso en las cámaras y que tenía sustento en una consulta nacional, es calificado en las consideraciones del Ejecutivo, como inconstitucional, de redacción confusa, compleja, que da lugar a contradicciones graves en la aplicación de la ley.
El Congreso está obligado por la Constitución a atender las observaciones del Ejecutivo, quien recibirá la ley para su promulgación.
Aguilar Coronado firmó el primero de septiembre el oficio de observaciones al decreto de reformas firmado en abril por los senadores, Enrique Jackson, Lydia Madero, y los diputados Armando Salinas Torre y Adela Cerezo.
Durante cuatro meses, el Ejecutivo mantuvo sin promulgar el decreto, que sometió a estudio.
“Formular observaciones a los proyectos de leyes aprobados por el Congreso, constituye un instrumento institucional, cuya finalidad es propiciar una mayor reflexión sobre los asuntos de particular interés para la nación”, señala.