Incumplen 300 con su declaración de bienes
Aún no hay una cultura acentuada entre los funcionarios públicos para cumplir en tiempo y forma con la declaración patrimonial a que están obligados por ley presentar anualmente, según lo demuestran los 300 morosos del 2003 y 500 del 2002, a los que hubo de requerírseles para que lo subsanaran de manera extemporánea, aunque en varios casos se aplicaron las sanciones económicas correspondientes.
Al informar lo anterior el titular de la Entidad Superior de Auditoría del Poder Legislativo, Daniel Rueda, explicó que se ha constatado que el incumplimiento para presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales, ya sea por inicio o conclusión del cargo, o modificación en su caso, no es por ignorancia o desconocimiento de los mecanismos a utilizar, ya que en su gran mayoría se trata de personas que han ocupado puestos en la administración pública, y saben de lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Inclusive, los cinco meses de plazo que tienen cada año, de enero a mayo, para entregar la modificación a la declaración patrimonial, otorgan flexibilidad a los funcionarios públicos para que cumplan con ello en tiempo y forma. Sin embargo, y aun cuando gradualmente baja el número de servidores que incumplen con la obligación que les marca la ley, según lo muestra la trayectoria de 500 en el 2002 y 300 en el presente año, aún hay cierta reticencia a hacerlo, por lo que es necesario reformar el ordenamiento legal para establecer candados y mayor drasticidad.
Además también se debe clarificar que la obligación no es por el salario que devenga, sino por las funciones que desarrolla en el cargo. Ello salió a colación porque anteriormente las cajeras presentaban un informe de sus bienes, y no están consideradas como funcionarias. El objetivo es que lo hagan quienes por su responsabilidad pueden disponer de dinero del erario e incurrir en enriquecimiento desmedido.
Daniel Rueda señaló que no son solamente los que por diversas circunstancias no acuden a cumplir con lo que les obliga la ley, y esperan hasta que se les notifica o requiere que han incurrido en una omisión, para hacerlo, sino el hecho de que al “quince para las doce” el 80 por ciento de los dos mil 910 funcionarios públicos registrados lo realizan.
Se pronunció por aplicar estrictamente las sanciones económicas que estipula la ley, con una multa mínima de cuatro mil 30 pesos, que es lo que se les cobra a la mayoría de los que acuden extemporáneamente a declarar sus bienes.
Recordó que para el 2004 las declaraciones patrimoniales serán de inicio y conclusión de los cargos, además de las respectivas modificaciones. Para las primeras, los funcionarios públicos tienen 60 días para cumplir, a partir de asumir los cargos, mientras que los que terminan sus gestiones, un mes. En este último caso, resulta más difícil, sobre todo en el caso de los municipales, que al dejar el servicio público emigran de Durango. De este año, hay diez a los que no se les ha podido encontrar para requerírseles subsanar la omisión.
Por ello, desde los primeros días de enero del 2004, la Entidad Superior de Fiscalización empezará la distribución de los formatos que deben llenar los funcionarios públicos para cumplir con su declaración patrimonial.
La obligación del funcionario es personal; no obstante, la Entidad fiscalizadora, con el fin de coadyuvar a que cumplan con lo que establece la ley, les apoya con asesoría y el reparto de los formatos, además de enviarles por escrito un comunicado por escrito en que les da a conocer los plazos para hacerlo. Y aún así hay incumplimientos.
PROPUESTA
Pretenden que sea pública información de bienes
Existe un proyecto de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que las declaraciones patrimoniales, además de que se hagan públicas, sean objeto de análisis “de oficio”, para detectar enriquecimientos desmedidos.
Actualmente en Durango, las declaraciones patrimoniales están protegidas con el principio de reserva, y solamente se analizan aquellas en que el funcionario público se ve inmiscuido en irregularidades de malversación de fondos. El objetivo de la modificación a la ley es que todos los informes de bienes se estudien al inicio, en cada modificación y al final del cargo.