Aunque el objetivo sea bueno, no es válido lo que está haciendo la Delegación del IMSS con el propósito de regularizar los pagos que aportan los patrones de la entidad, opinó el delegado de la Secretaría del Trabajo, Ignacio Gómez Romero.
Reconoció que, al no recibir ningún tipo de incentivos, sino, por el contrario, mayores cargas fiscales, las empresas se enfrentan a serios problemas financieros para poder crear empleo a los duranguenses y, más aún, para afiliarlos al Seguro Social.
Por ello el funcionario federal estimó que un programa inhibitorio del registro de trabajadores con un salario mínimo podría generar que los patrones decidan no brindarle la prestación del IMSS a sus empleados, dadas las condiciones económicas que prevalecen en el grueso de los negocios de Durango.
Trasladándose a lo que consideró el fondo del problema, Gómez Romero puntualizó que las leyes no están hechas para lograr la competitividad y el mejoramiento de las unidades económicas, lo que traería beneficios a ambas partes que integran las relaciones laborales (empresarios-mano de obra).
“Es que las leyes son inflexibles, y muchas veces la autoridad que las aplica, como en este caso el IMSS, no conoce la problemática ni sabe las circunstancias por las que atraviesan las empleadoras. Por ejemplo, la propia Ley del IMSS prohíbe afiliar por medio turno a un empleado, cuando esa situación se repite en muchas empresas porque consideran sus dueños que es mejor estratégicamente”.
Ignacio Gómez, titular de la Delegación de la STyPS en el estado de Durango, dijo estar totalmente de acuerdo con los organismos empresariales y de profesionistas que se han inconformado con la ilegal forma de actuar del Seguro Social, ya que –aceptó- no se puede realizar una acción ilegítima, aunque sea positivo el objetivo que se busque.
Fue claro al precisar que por cada peso que el patrón eroga para gasto de nómina, 30 centavos son costos adicionales que se generan por los pagos al IMSS o al Infonavit. En tal sentido reiteró también que “no se puede seguir viviendo en una sociedad simulada, donde el empresario simula que su empleado gana un salario mínimo y se lo compensa en la práctica”.
En busca de parámetros eficientes de productividad y competitividad, el funcionario de la STyPS en Durango dijo: “Es necesario que logremos las reformas estructurales para generar incentivos a las empresas”.
Verificación
El rechazo sigue
Por medio de la intimidación, el terrorismo fiscal y la ‘cacería’, el Instituto Mexicano del Seguro Social pretende impulsar el Programa de Verificación Salarial desde la segunda quincena del mes de julio, según lo aseveraron líderes de organismos de profesionistas y empresarios de la entidad.
Rechazan el hecho de que se niegue la afiliación o reafiliación de trabajadores con la mínima percepción autorizada por la ley en el estado de Durango. Más aún, los inconformes se han mostrado en total desacuerdo con el Seguro Social por la forma en que quiere regularizar a los patrones, pues condiciona la inscripción con un salario mínimo a cambio de que éstos acepten la aplicación de una auditoría.