n El futuro ineludible de OMGs
y la industria en espera de
enmienda a ley para su manejo.
n Por riesgo monopólico, H-24
presentó a Comisión Federal
de Competencia recurso de
reconsideración vs aval otorgado
a SC Johnson para comprar
insecticidas de Bayer.
n Retoma Bancomext gestión con
Cuba para destrabar deuda en
litigio por 400 mdd; Codusa
ya demandó a compañía regia.
HACE UNOS DÍAS los mexicanos pudimos constatar a propósito de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se realizó en Cancún acerca de los grandes intereses que hay involucrados en el tema del comercio. Amén de las críticas a la SRE de Luis Ernesto Derbez y a Economía de Fernando Canales Clariond, queda claro que no es sólo una lucha entre ricos y pobres, sino que ahí también se incrustan las rivalidades de los países más poderosos, en una guerra sin cuartel y en la que los pronunciamientos en pro del libre comercio no se ajustan para nada a la realidad.
En ese contexto, capítulo aparte merece el tema de la biotecnología y los denominados transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), igualmente inmersos en esa lucha de intereses comerciales, y en donde el miedo ha sido la divisa para generar su descrédito. Sin embargo, es un campo que no tiene camino de regreso.
Tan sólo considere que en los últimos seis años las áreas de cultivo de este tipo de productos casi se han cuadriplicado en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Francia, Rumania, Australia, Sudáfrica, India, China y por supuesto México. Y es que las alteraciones genéticas de algunos productos finalmente redundarán en mayor productividad. Aquel país en vías de desarrollo que no fomente la investigación en ese terreno, se estima que incluso ahondará sus niveles de pobreza.
De ahí que en 1999 se fundara AgroBio, que es una asociación civil que encaja a la mayoría de los principales consorcios que empujan la biotecnología. Está la alemana Bayer, Dupont, DaoAgros, Syngenta y Monsanto. Actualmente la preside Carlos Camacho Gaos. Entre sus funciones está el vincular ese campo de investigación que hay en la biotecnología agrícola con el mercado. México se ha distinguido en este tema desde la propia Revolución Verde. Hoy habría mil 700 investigadores involucrados.
De los muchos productos de la biotecnología que hoy se pueden mencionar están por ejemplo los jitomates, a los que se pudo prolongar su ciclo de maduración. Hay también un arroz modificado al que se agregaron genes exógenos para producir mayor vitamina A o la soya que hoy conocemos y a la se le han eliminado sus grasas no amigables. El propio maíz y el trigo son expresiones que hoy ofrecen mucho mayor rendimiento de cara a una población que crece en el mundo frente a menores tierras disponibles.
Uno de los riesgos que se han ponderado acerca de la biotecnología es que su uso es otra forma de fomentar la dependencia hacia un grupo de multinacionales. Lo anterior no es descartable, pero el riesgo también es incurrir en mayores rezagos, de no utilizarlos y desarrollarlos.
Por lo pronto ahora mismo y en función de todo este ruido que generan los intereses involucrados en un negocio multimillonario, resulta que hay un tema de lo más trascendente cuyo desenlace podría darse en breve, ya con la asunción de la LVIX legislatura. Tiene que ver con modificar el artículo 420 del Código Penal, que apenas se había enmendado en febrero del 2002.
Hoy de acuerdo a la ley, es delito en México producir, importar, exportar, almacenar, transportar y comercializar artículos genéticamente modificados. Fue la expresión de uno de esos albazos legislativos que hemos presenciado con la llegada de la democracia. Afortunadamente en el texto se dejó abierta la posibilidad “siempre y cuando no se apeguen a las disposiciones vigentes”.
Lo cierto es que el tema llevó a este asunto a una gran inseguridad jurídica. El Senado ya aceptó la modificación a ese artículo del Código Penal. Falta la aprobación de los diputados de la LIX legislatura, tras de que el tema ya había sido ampliamente discutido por sus antecesores. Entonces se hicieron unas 6 mil consultas con investigadores, productores y distribuidores. De parte de las principales fuerzas políticas como el PRI de Roberto Madrazo, el PAN de Luis Felipe Bravo Mena y el PRD de Leonel Godoy ya se cuentan con los avales, lo mismo que de muchos de los dirigentes agrícolas.
Se espera que no haya sorpresas, pero al expediente habrá que seguirle la pista por la importancia de este tema de la biotecnología, ligado irreversiblemente a un futuro inmediato.
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EN JULIO LA Comisión Federal de Competencia de Fernando Sánchez Ugarte dio su consentimiento para que Bayer que lleva Georg Braunleder finalmente vendiera su negocio de insecticidas para el hogar a SC Johnson que dirige Eduardo Ortiz Tirado. El único condicionamiento que se impuso fue que se desprendiera de OKO, marca que representa el 8.1 por ciento del mercado. Los abogados de SC Johnson lograron convencer a la CFC que la consolidación no traería perjuicio alguno para una libre concurrencia en la categoría de insecticidas domésticos que ocupa el lugar número diez en el área de abarrotes no comestibles en el rubro químico. La decisión fue unánime por parte de los comisionados, lo que llama la atención dado que previamente todos habían votado en contra. El asunto tiene sus bemoles puesto que más allá de que SC Johnson se desprenda de OKO, al final quedará con el 74.8 por ciento del mercado, porcentaje que le dará una amplia superioridad frente a sus competidores. De ahí que por lo pronto H-24 que preside Mark McGuiness, presentara una moción de reconsideración ante la CFC que ya fue admitida. La compañía que tiene el 10.2 por ciento del mercado, ha mostrado siempre sus objeciones a la operación. Ahora insiste que el aval recién otorgado la afectará al crearse un monopolio que dañará la política de precios establecida al facilitar la implementación de tácticas desleales que reducirán sus espacios de venta. Se asegura que esto ya comenzó a verse, acompañada de una agresiva campaña televisiva por parte de SC Johnson. De ahí que inste a la CFC a dar marcha atrás. Lo que es un hecho es que este asunto de los insecticidas todavía podría dar de que hablar.
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ESTA SEMANA BANCOMEXT retomará las gestiones con el gobierno cubano para resolver el lío que generó aquel decreto suscrito por Fidel Castro para incumplir la vieja deuda que ese país tiene con ese banco de desarrollo que dirige José Luis Romero Hicks. Los contactos han estado a cargo del director financiero Salvador Rojas y el presidente del banco central de Cuba, Francisco Soberón. El monto involucrado asciende a 400 millones de dólares. Bancomext inició juicios de carácter mercantil en Italia, para congelar las cuentas de la telefónica cubana Etexa. Ya están inmovilizados más de 40 millones de dólares. Otros países además con quienes el gobierno de Castro ha incumplido, han seguido recursos similares. De ahí que la actitud del deudor se ha vuelto más propositiva. Habrá que ver si su posición es consistente. Cuba estaría dispuesta a realizar un pago, aunque inmerso en una propuesta de reestructura del saldo. Se le daría revolvencia a los créditos, pero Bancomext exige que la relación de lo que se pacte pueda generar en el tiempo una disminución del pasivo. En diciembre hay un vencimiento de 30 millones de dólares. El monto que se solicita que Cuba aporte es de 90 millones de dólares. La obligación data de los ochenta y fue establecida más que otra cosa por cuestiones políticas.
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YA LE COMENTABA de la denuncia penal que hay por parte de la editorial Américo Arte Editores que encabeza Sandro Landucci Lerdo de Tejada contra Corporación Durango de Miguel Rincón Arredondo, por el plagio del diseño de un libro promocional que esta compañía realizó en 1998 para Bital, entonces a cargo de Antonio del Valle, con obra de Rufino Tamayo. Bueno pues como era de esperarse, fue un tercero el que sorprendió a la empresa papelera, quien ya a su vez demandó a la responsable del ilícito, en este caso a Promociones y Regalos Corporativos de Monterrey S.A. de C.V. Esta se presentó en Codusa, propuso editar el texto, para lo cual evidentemente no tenía los derechos.
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ESTE VIERNES OTRA reunión del titular de SHCP Francisco Gil Díaz, para tratar de empujar una propuesta fiscal que permita una mayor recaudación. En esta ocasión fue con los gobernadores perredistas. Ahí se habría planteado una alternativa orientada a captar ingresos adicionales por 49 mil millones de pesos en el 2004. Fue una reunión privada en donde se habló de reducir la tasa del ISR del 34 al 30 por ciento, junto con un IVA generalizado del diez por ciento. Al mismo tiempo se dejaría a los estados un gravamen al consumo opcional del dos por ciento para fortalecer sus arcas. Según esto por ahí estuvieron Alfonso Sánchez Anaya de Tlaxcala, Ricardo Monreal de Zacatecas y Andrés Manuel López Obrador del DF.
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