EL PANORAMA RELACIONADO con los ajustes fiscales no se ve nada sencillo. Y es que la propuesta de un nuevo impuesto a la producción, distribución e importación de alimentos y medicinas (IPI) ni siquiera ha logrado el consenso del PRI, que fue el partido que lo propuso. Vaya ya hasta el propio dirigente de esa fuerza política Roberto Madrazo endosó la factura a la SHCP. El riesgo latente en el escenario es que volvamos a presenciar hacia el cierre del año, una serie de propuestas recaudatorias sin sentido.
Si en la industria alcoholera y cervecera hay molestia por un incremento al IEPS, amén del Impuesto Especial a la Venta y Servicios en Público (IEVSP) que es otro 2 por ciento adicional, las dos compañías tabacaleras que hay en el país están también descontentas y sorprendidas, porque más allá de un acuerdo que se había establecido con el gobierno y el Congreso para ajustar sus tarifas paulatinamente, éste se desconoció.
En efecto, en la propuesta de ingresos que recién entregó el ejecutivo, los cigarrillos volverían a tener un incremento al IEPS que pasaría del 107 al 119.5 por ciento para su producto con filtro, y de 80 al 109.1 por ciento para aquellos sin filtro.
En los últimos días tanto la estadounidense Philip Morris que encabeza Luis Guillermo Gaviria como la inglesa British American Tobacco (BAT) a cargo de Richard Sucre, han realizado intensas gestiones con los legisladores para hacerles ver lo anterior. Pese a la receptividad de algunos, la verdad es que no hay nada escrito, máxime las apreturas recaudatorias que se visualizan para el gobierno en 2004.
El argumento de la SHCP que encabeza Francisco Gil Díaz para justificar el importante incremento al IEPS se sustenta en que se debe compensar la supuesta reducción del IVA del 15 al diez por ciento. En el entorno actual por supuesto lo anterior ni siquiera se ve probable, pero aún en ese contexto la propuesta se considera discriminatoria frente a una ventaja que recibirían otros rubros.
Fue en 2001 cuando las tabacaleras, frente a las recurrentes amenazas de ser afectadas con caprichosos aumentos vía impuestos, llegaron a un acuerdo para avanzar paulatinamente en el IEPS. De esta manera se tenía la ventaja de poder planear planear, acrecentando la certidumbre que hoy es otro de los aspectos que se cuestionan en la coyuntura que vive México.
Así el IEPS a los cigarros con filtro se incrementó de un 85 por ciento que estaban sujetos en 2000, al 100 por ciento en el ejercicio mencionado, mientras que los de sin filtro quedaron en 20.9 por ciento. Para el 2002 a su vez se llegó a 105 y 60 por ciento respectivamente.
En este año el IEPS para el tabaco con filtro se situó en 107 por ciento y el de sin filtro en 80 por ciento. En esa ruta se llegaría en el 2004 a 110 y 100 por ciento en cada caso, con la meta en dicho programa de que en 2005 ambos se situarían en un 110 por ciento parejo.
La gran amenaza que se cierne para esta industria es que al igual que ya se da en vinos y licores, crezca la piratería desde países como China, Filipinas y Paraguay. Esta ya representa un tres por ciento de las ventas, pero se cree que se están sentando las condiciones para que las redes dedicadas a la informalidad se expandan como ya sucede en otros países latinoamericanos. En Brasil por ejemplo ese segmento representa más del 30 por ciento.
Los niveles del IEPS junto con el IVA y el IEVSP tendrían además un efecto piramidal que ocasionarán un incremento en los precios. Lo anterior no va a desestimular el consumo, sino que lo reorientará a las redes corrosivas de la imitación con los riesgos inherentes para la salud.
Hoy ya la industria cigarrera es la principal captadora de impuestos vía el IEPS, después de la gasolina, pero evidentemente su eficacia en ese terreno también se mermará. Se teme además un daño a la cadena productiva con una afectación a alrededor de 50 mil campesinos, los cuales la mayoría se localizan en Nayarit. En términos generales este rubro genera unos dos millones de empleos. Llega a través de unas 400 mil misceláneas que hay en el país.
Por supuesto que no hay que descartar un posible amparo, lo que a la postre dislocará las cifras recaudatorias previstas por la SHCP y el Congreso, complicando con ello aún más el ya de por sí denostado tema fiscal.
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EL VIERNES SE presentaron las propuestas para una licitación ligada a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que encabeza Luis de Pablo, para un contrato de nueve subestaciones móviles que se operarán en el DF y el Estado de México y que significarán una inversión de unos 250 millones de pesos. Lo interesante es que las bases se adecuaron para propiciar sólo la participación de empresas nacionales, con el beneplácito de este rubro al que pertenecen unas 120 compañías. El cinco de diciembre se conocerá al ganador y unos días después se asignará el contrato. Participan en la subasta unos 12 postores. La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas que encabeza Jorge Lozano peleó fuerte para modificar lo que era un concurso internacional. Tanto Energía como Economía, la SFP que encabeza Eduardo Romero Ramos y la propia LyFC estuvieron de acuerdo. Para este rubro el año que concluye permitirá cerrar con un avance de alrededor del cinco por ciento, básicamente por la actividad de la industria de la vivienda, puesto que el segmento de electrodomésticos, así como el industrial ligado con la edificación de nuevas factorías se ha mostrado contraído. Para 2004 esperan cierta mejoría. También en algunos concursos de CFE que encabeza Alfredo Elías Ayub afortunadamente se ha buscado privilegiar a las empresas nacionales, estableciendo un contenido mínimo nacional y en pesos.
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HACE UNOS DÍAS la Corte de Arbitraje Internacional emitió un fallo ligado a una controversia entre la compañía del rubro textil y de la confección Qualytel que encabeza Enrique Coutolenc y la multinacional de asesoría JD Edwards, misma que como recordará se fusionó a nivel global a PeopleSoft. Y es que el 25 de abril del 2000 esta última firmó un contrato con la empresa ubicada en Puebla, por el cual se crearía un software con características específicas para manejar cuatro elementos: estilo, color, talla y lote. El problema es que JD Edwards que encabeza Eduardo Esqueda Ruiz Esparza no cumplió, lo que habría generado un daño económico para Qualytel al no poder cumplir una serie de contratos suscritos; de ahí que se optara por el arbitraje que se inició en noviembre del 2001 con la participación de Eduardo Siqueiros como presidente y Emilio González de Castilla y Fernando Estavillo. A más de dos años de distancia se consideró que JD Edwards sí engañó a Qualytel ofreciendo un producto que no tenía. Dado que no se cuantificó el daño, el paso siguiente será iniciar el incidente en los tribunales. Se calcula que hay daños y perjuicios por unos 40 millones de dólares.
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LA CONTROVERTIDA SUBASTA para instalar un sistema de Telepeaje en las carreteras que realizó Capufe que encabeza Manuel Zubiría sigue dando de que hablar. Y es que aparentemente la compañía ganadora que es Información para la Diversión representada por Víctor Gómez de Tecsidel aún no ha terminado de integrar su grupo. Según esto el fondo de inversión Profactum que originalmente participaría con el 24 por ciento y que después se redujo al 12 por ciento, ni siquiera ha suscrito un acuerdo, lo que afectaría la liquidez prevista. Otro posible socio que es Telvent, tampoco ha logrado subirse, por lo que no se habrían ordenado aún los equipos para la puesta en marcha de los primeros 300 carriles. El plazo establecido en las bases para dicha tarea vence el 27 de mayo de 2004. Por lo que hace a Bancomer que preside Ricardo Guajardo ya está en el due diligence para definir su participación. Podría ser como acreedor o como socio con el 25 por ciento. Aún así se estima que una decisión se tendría hasta enero o febrero de 2004. O sea que los tiempos van muy en contra.
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ANTES DE QUE concluya el año también podrían colocar deuda los gobiernos de NL de Natividad González Parás con más de 700 millones de pesos, el municipios de Aguascalientes con 100 millones de pesos y el DF de Andrés Manuel López Obrador, que sería el más alto con cinco mil millones de pesos. El problema con este último papel previsto para la segunda quincena de diciembre es se trata de la entidad más endeudada del país, amén de los polémicos juicios incluido el Paraje San Juan que aumentan los riesgos jurídicos.
Va a depender de las garantías que se ofrezcan y el rendimiento que deberá ser muy atractivo.
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alaguila@terra.com.mx