Por Agustín Cabral Martell
La ley de desarrollo rural sustentable
El antecedente es que en diciembre del 2000, el congreso federal aprobó la Ley de Desarrollo Rural. El Ejecutivo la devolvió en marzo del 2001 a la Cámara de Diputados redactada en forma confusa.
Después de un tiempo de consulta popular y con el conjunto de opiniones y propuestas se procedió a integrar un documento intermedio para someterlo a la opinión de los principales actores, finalmente se integró la versión objeto del dictamen. Así la Ley de Desarrollo Rural Sustentable fue aprobada por el Senado de la Republica el pasado 13 de noviembre del 2001.
Muchos son los estudios que se han realizado sobre la situación del campo en México, los cuales señalan en general un rezago económico, social y tecnológico. Considerando que la cuarta parte de la población vive en ese sector y en él se encuentran los mayores índices de marginación social y de pobreza extrema. Aunado a ello está el desgaste constante de los recursos naturales que implican cada día mayores costos.
La gran desigualdad en el campo ha traído consecuencias, que la población busque la mejor forma de subsistir, ya que se ha emergido a las ciudades, optando por actividades ilegales o bien por el levantamiento. Sin embargo se debe reconocer que el país tiene grandes fortalezas, como es su dotación de recursos naturales e historia.
La situación socioeconómica que prevalece en los Estados, así como su conformación y ubicación geográfica, dificulta en algunos de ellos contar con las condiciones necesarias para elevar el nivel de desarrollo, mientras que en otros favorece la presencia del progreso y bienestar de sus habitantes, lo que deriva en una marcada polarización en términos de desarrollo económico y social que impacta y condiciona directamente en el modo de vida de la población rural.
México se enfrenta a un mercado fuerte, donde los principales competidores tienen un gran poder económico, tecnológico y favorables condiciones naturales, aunado a ello tiene un peso en las decisiones de los acuerdos comerciales mundiales. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable deberá permitir el repunte de este sector de la economía y por ende contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población del campo.
En términos de la nueva Ley, el Estado deberá impulsar un proceso de transformación social y económica para lograr el mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural a través del fomento de actividades productivas de desarrollo social y la promoción del uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales.
Al margen de una explicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), que bien cualquier persona puede contar con ella, ya sea comprándola en alguna librería o bien “bajarla de Internet”, se interpone el impacto actual sobre su aplicación y resultados sobre su operatividad. Indiscutiblemente que la LDRS es el resultado de una gran suma de esfuerzos de las Cámaras de Diputados y Senadores, con una significativa participación de la sociedad.
Retrata de una forma integral las necesidades del campo, como son aspectos: económicos, sociales, ambientales, culturales, de salud, vivienda, educación, jóvenes, equidad de género, población vulnerable, seguridad social, así como también aspectos de productividad, tecnológica, globalización etc.
Plantea un esquema de organización donde establece un sistema de estructuras e instrumentos de planeación mediante el Programa Especial Concurrente, que se guiará con las propuestas de la comisión intersecretarial y el Consejo Mexicano para el desarrollo rural sustentable, que a su vez considerarán las necesidades que les hagan saber las entidades federativas, distritos de desarrollo rural, municipios y los comités sistema-producto.
Se otorgarán financiamientos a proyectos productivos que sean rentables, que generen empleo y que fortalezcan la Banca Social, serán reconocidas como Banca Social aquellas instituciones no públicas que con fines de lucro busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los agentes de la sociedad rural (art. 116).
Si bien ha sido un paso importante al aprobar y promulgar la Ley no garantiza mucho, ya que la reglamentación puede atrasarse y deja sin efecto las disposiciones de la misma.
La función primordial de la agricultura sigue siendo la producción de alimento y de otros productos básicos y contribuir a la seguridad alimentaría, es una tarea compleja que exige un medio ambiente favorable y políticas que garanticen la estabilidad y equidad social, cultural, política y económica.
Al parecer la intención es plantear una política de desarrollo general, cuya llave sería la reforma fiscal.
Por lo tanto, realmente es importante que la Ley de desarrollo rural sustentable no sólo quede en dictamen, sino que se reglamente para que podamos ver su aplicación lo más inmediato que sea posible, porque la situación que se vive en el campo no puede, ni debe esperar.