El punto de acuerdo del Congreso del Estado de Durango, a partir del cuál se investiga a la Secretaría de Educación Pública, a fin de detectar la existencia de “aviadores” en la dependencia aludida es positivo. La investigación parte de una denuncia expresa de nombres de varias personas, en relación con las cuáles se solicita un informe respecto a las funciones específicas que realicen.
Por aviador se entiende, la persona que está en nómina de empleados y recibe un salario de una dependencia pública, sin que realice función alguna que justifique su pago. Desde luego que el término referido no se utiliza en la comunicación oficial, por lo que la Secretaría en cuestión debe desahogar la petición, informando al Congreso cuáles son las labores que realiza cada uno de los presuntos empleados cuestionados.
Por ello sorprende la declaración que ofrece el titular de la dependencia cuestionada a los medios de comunicación, al expresar que la figura de “aviador” no existe en la estructura formal de la Secretaría. La respuesta resulta evasiva, porque es evidente que el fenómeno aludido carece de toda previsión legal, pero en cambio constituye una penosa realidad histórica que es pertinente dejar en el pasado.
En el rubro de la Educación, son frecuentes los empleados “comisionados” en supuestas funciones sindicales u otras que no tienen relación con los fines de la Secretaría. También suelen asignarse dobles o múltiples plazas a un solo profesor que se convierte en receptor de salarios que no devenga, por lo que más que una respuesta cínica, lo que el punto de acuerdo requiere es el resultado de una investigación seria y profunda.