De nueva cuenta la ciudadanía de Torreón fue tomada como rehén esta semana, en ocasión de las protestas que realizan algunas organizaciones de taxistas en contra de la política de instalación de taxímetros en las unidades. Los bloqueos realizados en la Presidencia Municipal que obstaculizan el trabajo en las oficinas y desquician el tránsito vehicular en las calles aledañas, son una afrenta recurrente que debe terminar.
La autoridad municipal es responsable de esta situación como encargada del orden y la seguridad y por añadido, como operadora del transporte público en la ciudad. Sin embargo no se puede soslayar la existencia de otros factores que intervienen en el conflicto y como tales debe señalarse a los dirigentes del pulpo transportista y sus padrinos políticos, así como la Dirección Estatal de Tránsito y Transporte de Coahuila, que por ley es corresponsable.
El Sistema Municipal de Autotransporte se desarrolló en nuestra región y país durante décadas al amparo de un régimen basado en un partido de Estado, que consolidaba sus sectores entre otras formas, mediante el reparto de concesiones de servicio público. El monstruo se volvió en contra de su creador cuando los gobiernos priistas perdieron el control de sus agremiados y se diluyó todo principio de autoridad.
En la era de la alternancia los transportistas se acomodan a favor de cada gobierno o su oposición a conveniencia, a fin de extorsionar a quien ocupe el turno en el ejercicio del poder y sustraerse a los programas de mejoramiento del servicio. Es necesario que los niveles estatal y municipal de Gobierno y los partidos de todas las siglas hagan un frente común con el pueblo, a fin de romper esta dinámica perversa que tanto perjudica a los ciudadanos como usuarios del servicio.