Gran indignación causó en su momento el ver cómo miembros de la organización denominada “El Barzón” y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado irrumpían en el recinto de la Cámara de Diputados (uno de ellos hasta montado a caballo) y ante la negativa a ser atendidos en la forma en que ellos pretendían, derribaron puertas, quemaron equipos y realizaron destrozos.
La opinión pública y muchos legisladores coincidieron en que esos actos no debían quedar impunes, pues fue tomado como signo de debilidad el hecho de que la Mesa Directiva de la Cámara no hubiera pedido el auxilio de la fuerza pública, así como el que, habiéndolo hecho algunos diputados en lo particular, tanto la Policía Federal Preventiva, como la Procuraduría del D.F., no acudieran al llamado y dejaran que las cosas transcurrieran como si se tratara de una protesta legal.
Por todo ello, es plausible el que la Procuraduría General de la República haya ejercitado acción penal en contra de los que encabezaban a esos grupos y esté pidiéndole a un juez federal que emita órdenes de aprehensión en contra de esos líderes, pues aunque debe distinguirse entre instigadores y autores materiales, todos ellos deben recibir el castigo que merezcan conforme a las leyes, porque no hay nada más odioso para la sociedad que la impunidad.
Si como se pregona en los discursos oficiales vivimos en un Estado de Derecho, ello implica necesariamente que frente a la ley todos los individuos son iguales; de manera tal que no hay razón para dejar de actuar en contra de aquellos que en forma violenta y cobarde destrozaron bienes que pertenecen al pueblo, al tiempo que hicieron uso de un derecho en términos contrarios a la Constitución General de la República.