Uno de los problemas que más perjuicios ha causado a nuestro país es sin duda la burocracia que llegó a crecer hasta niveles verdaderamente asfixiantes y que aún hoy es excesiva. Pero como en otro tiempo era uno de los fuertes pilares en que se apoyaba el otrora partido dominante fue auspiciada y protegida por aquel régimen, razón por la cual devino en ineficiente y gravosa, convirtiéndose en un lastre que era, y aún lo sigue siendo, sinónimo de corrupción.
Ese aparato burocrático se traduce también en una excesiva regulación administrativa que al decir del director general de Regulación Financiera, Laboral e Infraestructura de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias (Cofemer), le representa al país pérdidas por veintinueve mil millones de dólares anuales, cantidad que debe sumarse al costo de la ineficiencia con que esa burocracia opera, pues es común que el trabajo que puede muy bien realizar una sola persona sea efectuado hasta por tres.
Pero demás de lo anterior, los trámites burocráticos son lentos y costosos, lo que genera proclividad a la corrupción entre aquellos que los desempeñan, de manera tal que si bien es cierto que el nuevo sistema no puede con la facilidad que se quisiera desenmarañar toda esa madeja de ineficiencias y corruptelas, también lo es que podría simplificar los procedimientos al través de nuevas leyes, lo que repercutiría en una mejoría substancial.
Esas pérdidas multimillonarias podrían evitarse en favor del pueblo y la economía nacional si se establecieran procedimientos administrativos ágiles y sencillos que se basaran en la confianza que debe existir en la ciudadanía, al tiempo que permitirían reducir la burocracia y acotar, hasta donde sea posible, los actos de corrupción, todo lo cual posibilitaría un avance substancial de la sociedad y liberaría al estado de una pesada carga burocrática.