El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Kompass, determinó recomendar a ese organismo mundial que a su vez solicite al Gobierno mexicano una profunda reforma del sistema de justicia que garantice en el país el Estado de Derecho en todos los órdenes. Entre otras cuestiones, el informe del citado funcionario incluyó como necesarias: la unificación del sistema judicial, garantizar la autonomía del ministerio público y acoger el principio de investigación secreta y juicios públicos.
Todas las ideas y propuestas que tiendan a mejorar el sistema judicial a fin de fortalecer el Estado de Derecho deben ser tomadas en cuenta y analizadas para determinar su procedencia. Pero en el informe citado, tal parecería que si el Gobierno no lleva al cabo esas reformas, a juicio de la Organización, México no contará con un Estado de Derecho fuerte que garantice los Derechos Humanos, lo cual es ilógico.
Aún considerando respetables esas opiniones, no debe olvidarse que la ONU ha perdido, lamentablemente, su calidad moral como organización mundial, pues cada vez evidencia más su tendencia a satisfacer los intereses norteamericanos; prueba de ello es que ni EU, ni España e Inglaterra, fueron sancionados cuando sin autorización de la organización marcharon a la guerra contra Iraq en franca violación de la Carta de San Francisco, que rige la vida de ese organismo mundial.
Pero además, todo indica que el Alto Comisionado, colocando por delante la necesidad de respetar los Derechos Humanos, está pretendiendo que nuestro sistema judicial se homologue con el de EU a fin de que los nacionales de ese país y en especial los inversionistas, no tengan que batallar en sus reclamaciones en México. El Gobierno Federal y los de los estados deben hacer los cambios que consideren necesarios como parte de una reforma integral, pero porque así convenga a nuestro país, no a la ONU o al Gobierno de la Casa Blanca.