Uno de los mejores resultados de la nueva cultura política generada por el tránsito a la democracia, es la competencia entre las distintas fuerzas que aspiran a conservar o acceder al ejercicio del poder en sus distintos niveles. En ese orden de ideas se dirime en estos días en Coahuila, el futuro de lo que será a nivel local la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental.
El proceso partió de una iniciativa de la oposición, y al mes siguiente se sumó el Gobierno del Estado al convocar a diversos foros para recoger la opinión ciudadana. El desarrollo de los acontecimientos ha dado pie a una cerrada competencia entre los protagonistas de nuestra vida pública, que se disputan la factura del proyecto y desean aumentar su capital y clientela en función de las próximas elecciones federales.
Lo anterior es natural y corresponde al nacimiento de un nuevo sistema político cuyo reto es conjurar toda tendencia autodestructiva e imprimir a la competencia un sentido positivo. Tal cosa es posible, a condición de que las partes observen objetivos claros y definidos, lo que en el caso se traduce en obtener una ley que propicie el acceso a la información de las operaciones de gobierno, de manera fácil, veraz y analítica.
Un intento del Gobierno por diferir la discusión en el Congreso hasta pasado el seis de julio, ha dado pie a una escaramuza entre las fuerzas políticas que por fortuna apunta a una reactivación del proceso. No se trata de inventar el hilo negro; ya existe una Ley Federal de Transparencia producto de un acuerdo nacional y sólo falta enfocar el tema a la realidad de Coahuila de la mejor manera, lo que supone arribar a un proyecto apoyado por consenso y que no sea fruto de una ciega y autoritaria imposición.