Como si los concesionarios del transporte público de pasajeros en el municipio de Torreón tuvieran una amplia calidad moral y confiabilidad, están condicionando el modernizar sus unidades y mejorar el servicio a que el Ayuntamiento les dé algo a cambio, y así, José Ángel Martínez, en su calidad de coordinador de jefes de líneas urbanas, sostuvo que “si Anaya quiere un cambio en el transporte, que dé algo”.
Ese “algo”, según el mismo coordinador, puede ser una nueva tarifa o la autorización para introducir en las rutas camiones remodelados pero de modelos atrasados, a pesar de que ambas pretensiones van en contra de los usuarios. Por supuesto que, de no ser así, los concesionarios no están dispuestos a aceptar el programa de modernización propuesto por el Ayuntamiento, lo que es a todas luces inadmisible y entraña una actitud retadora frente a la autoridad municipal.
Parecen olvidar los señores del transporte que ellos son concesionarios y no dueños de la prestación de un servicio. Pero en cierta forma el Municipio tiene la culpa porque ya trascurrió un año y prácticamente no se ha hecho nada en esa materia, de manera que aquella actitud sumisa y cooperadora que suelen asumir aquellos en todo inicio de una nueva administración, se está transformando en una posición de reto a sabiendas de que difícilmente les podrán hacer algo.
Sin embargo, si el alcalde Guillermo Anaya en verdad quiere poner orden en esa materia (lo que no ha hecho ninguno de sus antecesores) tendría que plantearle a los concesionarios un ultimátum a fin de que cumplan con la Ley o en caso contrario determinar la cancelación de concesiones, pues el Ayuntamiento tiene esa facultad y jamás ha hecho uso de ella, sea por debilidad o por componendas políticas, pero el caso es que hasta el momento los concesionarios han hecho y deshecho a su antojo sin que nadie los obligue a cumplir la Ley.