Lamentable es el conflicto suscitado en Gómez Palacio, Durango, en virtud del cual ocho planteles educativos permanecen cerrados, lo que afecta a tres mil quinientos alumnos. El cierre de las escuelas obedece a un paro ilegal asumido por maestros que se encuentran inmersos en un conflicto al interior de la sección cuarenta y cuatro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La cuestión aparente reside en el rechazo de tres profesoras reinstaladas en sus puestos en la Primaria Emilio Carranza, contra la opinión de sus compañeros maestros que acusan a las primeras de conflictivas. Sin embargo, el conflicto evidencia claras connotaciones políticas que se concretan en la intervención abierta del denominado Consejo Coordinador Obrero Popular.
Sean cuales fueren los orígenes y explicación del caso y el grado de intervención de intereses espurios ajenos al proceso educativo, es urgente una solución al respecto. De ninguna manera debe admitirse ni tolerarse el paro de labores porque carece de sustento legal e incide en forma no sólo negativa sino desastrosa en la formación de los niños afectados, lo que resulta criminal.
El suceso es el episodio más reciente de un proceso de descomposición sindical a nivel nacional, que en Gómez Palacio ha hecho crisis de un año a la fecha. Es necesario que el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier tome cartas en el asunto y resuelva el caso en cuestión, antes de que la transición sexenal que está por iniciar en el Estado de Durango, sea ocasión de un agravamiento del problema.