La confrontación que se generó entre el clero de la Iglesia Católica y la Procuraduría General de la República carece de sentido, sobre todo porque la jerarquía y algunos grupos religiosos se empeñan en evitar que se investigue al cardenal de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez, en contra del cual esa dependencia del Ejecutivo federal mantiene abierta una investigación por presunto lavado de dinero.
Tocó ahora el turno al Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Guadalajara, que agrupa a más de mil trescientos sacerdotes para salir en defensa del prelado, pero argumentando que no se le debe investigar, pues según ellos, dicha indagatoria carece de fundamento, cuando que es la propia autoridad la que debe decidir tal cuestión y nadie más, máxime si los voceros de dicho Consejo alegan que debe terminarse “la impunidad en nuestra patria”.
Llama la atención que entre todas las organizaciones y ministros de la Iglesia Católica, no se haya alzado ni una sola voz que, como argumento en defensa del cardenal, se diga que la investigación debe realizarse y que para tal efecto el prelado se ponga a disposición de la PGR, haga públicas sus cuentas bancarias y autorice a las instituciones de crédito donde se encuentran éstas para que proporcione toda la información que le requiera la Procuraduría, lo que constituiría la mejor defensa de Sandoval Íñiguez.
Si se quiere que se acabe con la impunidad en México y se alega que el que nada debe nada tiene qué temer, es evidente que el cardenal debería mostrar toda la disposición que el caso amerita para que cuanto antes la PGR concluya la averiguación y llegue a una determinación que ponga fin a la confrontación. Pero en vez de ello se pretende que no se investigue al prelado, cuando que él, como cualquier ciudadano, puede estar sujeto a investigación, porque en nuestro país hace mucho tiempo que desaparecieron los fueros clericales.