El hallazgo de un funcionario de la Procuraduría de Justicia de Coahuila en posesión de un vehículo robado, pone de manifiesto antiguos vicios que se creían superados. De acuerdo a información recabada, el fin de semana pasado la Policía Preventiva de Torreón detuvo a un agente del Ministerio Público encargado de la recuperación de vehículos conduciendo una vagoneta robada.
El jueves de la semana anterior el propietario afectado encontró en el estacionamiento de un club social, la vagoneta de su propiedad que le fuera robada en noviembre del año pasado, por lo que esperó a ver quién la abordaba. Una vez que dio parte a la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron detenidos conductor y vehículo, con lo que se logró el aseguramiento de ambos.
Sin embargo resultó imposible al propietario denunciante el ubicar el paradero ni del vehículo ni de quien fuera sorprendido en su ilícita posesión. Al decir del Director de Seguridad Pública, vehículo y detenido fueron consignados a la Procuraduría de Justicia del Estado sin que se levantara parte policíaco alguno, en virtud de un convenio que tiene por objeto “no entorpecer investigaciones”.
El proceder de ambas dependencias indigna, pues no se justifica el hermetismo en cuestión que sólo se explica en virtud de una complicidad que hace a una tapadera de la otra. No es deseable que la Policía Preventiva del Municipio de Torreón y la estructura ministerial de la Procuraduría de Coahuila se encuentren distanciadas, pero tampoco es sano que operen en contubernio.
Los factores de discordia entre gobiernos emanados de diversos partidos que suelen afectar a las funciones públicas, no operan cuando se trata de soslayar responsabilidades de funcionarios cuestionados. Tanto el licenciado Óscar Calderón Sánchez como el contador Javier Gutiérrez Pesquera, están obligados a dar una satisfacción a la ciudadanía en el presente caso y en específico a la víctima del robo.