El derecho a contar con un abogado defensor es una garantía para la adecuada administración de justicia, pues de otra suerte se vulnera uno de los principios que la sustentan y la sociedad incurre en un grave error por deficiencias del gobierno, pues se ensaña con los más pobres a los que mantiene privados de su libertad, mientras los adinerados logran su libertad porque ellos sí pueden contratar abogados que los defiendan.
En el reportaje publicado por El Siglo el día de ayer se da cuenta de las grandes deficiencias que operan en el ramo de las defensorías de oficio, concretamente en la vecina ciudad de Gómez Palacio, pero esas deficiencias existen también en entidades como Coahuila y se podría decir que es la constante en toda la República, por lo que resulta urgente implementar un sistema que permita brindar asistencia jurídica a todas aquellas personas que no pueden costear los servicios jurídicos que requieren.
Aunque las circunstancias que describe el reportaje citado son extremas, pues se señala que los defensores de oficio no cuentan, en Durango, con oficinas ni equipo necesarios para desempeñar sus funciones, en el mejor de los casos el número de defensores siempre es insuficiente para atender a la cada día mayor cantidad de personas que carecen de recursos para costearse una defensa adecuada, lo que irremediablemente se traduce en deficiencias en este servicio que corre a cargo del estado.
De ahí que el propio estado deba buscar e implementar nuevas formas de poner a disposición de los más necesitados abogados que los defiendan gratuitamente y en ese contexto, bien podría establecerse en la ley la colegiación obligatoria de los profesionales del derecho y la obligación de que, en forma programada, cada uno de ellos atienda gratuitamente determinado número de asuntos de acuerdo a su especialidad, de manera que las barras y colegios de abogados cumplan así una verdadera función social, al tiempo que el estado da satisfacción a esta demanda social.