Los procesos electorales que se realizaron este fin de semana en el estado de México, constituyen un motivo de reflexión para ciudadanos y autoridades en base a los resultados que arrojaron, pues en cierto grado revela un hartazgo del electorado que se traduce en abstencionismo que bien puede ser interpretado como un rechazo a la forma en que se desarrolló la propaganda política, en la que todos los partidos privilegiaron la crítica destructiva frente a las propuestas de trabajo.
Pero además, los acontecimientos de San Salvador Atenco ponen de manifiesto que los grupos de presión en esa zona del estado pueden recurrir a la violencia impunemente, sabedores de que si en su violenta oposición a la construcción del aeropuerto sus ilegales actos quedaron sin sanción, con mayor razón aquellos que se dan dentro de un proceso electoral, así sean éstos constitutivos de delitos y afecten los derechos de miles de electores.
De igual manera, llama la atención el hecho de que no obstante los esfuerzos y el costo económico para darle certeza y credibilidad a los procesos, son los partidos políticos lo que continúan cuestionando los resultados de los procesos, quizá con la finalidad de justificar su incapacidad para convencer al electorado de sus propuestas o para encubrir el rechazo de éste, aunque con ello solo consigan enrarecer el ambiente y mantener la impresión de que el país continúa estático en materia democrática.
Se gastan muchos millones de pesos en la preparación y desarrollo de los procesos electorales y en darles seguridad y confiabilidad, a pesar de lo cual algunos de los actores políticos se empeñan en desacreditarlos, no obstante que ahora se cuenta con instancias autónomas de autoridad, elementos materiales confiables y sanciones severas para los que actúen ilegalmente(aunque haya excepciones criticables), lo cual debe hacerlos pensar que los resultados electorales negativos son culpa de ellos y no del electorado o la forma en que se llevan al cabo los procesos.