En una comunicación oficial dirigida al Instituto Federal Electoral, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional se deslindó de cualquier responsabilidad que pudiera corresponderle por el presunto desvío de recursos de la empresa paraestatal PEMEX que se afirma le fueron entregados para ser utilizados en la campaña de Francisco Labastida, sobre el argumento de que ninguna instancia formal del Partido aceptó la recepción de esos recursos.
En el escrito de referencia se afirma que “la estructura y el organigrama que construyó el equipo del candidato a la Presidencia de la República, no tiene alguna representación, como órgano estatutario reconocido, para precisar (sic) los ingresos o egresos que haya realizado el PRI en cualquiera de sus rubros”, lo que es a todas luces un argumento falaz, pues lo que se discute, en su caso, no es quién o quiénes recibieron los recursos, sino si éstos fuero o no utilizados en la referida campaña política.
Es costumbre que los candidatos a puestos de elección popular instalen las denominadas “casas de campaña”, desde las cuales con una estructura paralela a la de sus partidos, llevan al cabo la actividad proselitista e incluso en muchas ocasiones, esas estructuras llegan a ser más poderosas que las de los partidos, lo que no releva de la responsabilidad que éstos tienen frente a la ciudadanía y las instancias de autoridad electoral, ante las cuales responde el partido como un entidades de interés público.
En este orden de ideas, la dirigencia del PRI no puede deslindarse de la responsabilidad que pudiera corresponderle, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, pues admitir como válido el argumento priísta sería tanto como abrir la puerta para que cualquier partido, al través de una estructura paralela a sus instancias formales, aceptara dineros provenientes, incluso, del narcotráfico para hacer campaña, sin que eso le acarreara responsabilidad de ninguna naturaleza, lo cual es absurdo.