A lo largo de más de quince años son muchos los intentos que se han realizado con el afán de que se deroguen las restricciones que se establecieron en el ochenta y ocho para controlar la venta y consumo de bebidas embriagantes en el municipio de Torreón, pues es evidente que las mismas constituyen una limitante para aquellos que han hecho de este tipo de comercio una actividad desmedida, mientras que otros, dedicados a ese ramo, las han acatado sin reparos.
Está probado que la existencia de controles administrativos y sanciones pecuniarias son una buena fórmula para evitar el consumo inmoderado de bebidas embriagantes que sin remedio repercute en varios aspectos de la vida comunitaria, como son la comisión de delitos, el ausentismo laboral y la violencia intrafamiliar, de manera que los beneficios que derivan de la aplicación de este tipo de normas no son discutibles.
Pero los que quisieran vender alcohol en cualquier día y a cualquier hora argumentan falsamente en el sentido de que las normas reguladores de esa materia sólo generan el clandestinaje, el cual al no ser sancionado provoca impunidad alentándose así el incremento del número de personas que lo practican, lo que si bien es parcialmente cierto, no es razón suficiente para pedir la derogación de las medidas que han estado arrojando más resultados positivos que negativos.
Esa forma de actuar, de quienes pugnan porque se deroguen las restricciones aludidas, encubre un interés meramente individualista frente al colectivo que pretende con ellas evitarse muchos problemas comunitarios, por lo que en vez de exigir su derogación hay que demandar de las autoridades que cumplan con su deber combatiendo el clandestinaje y sancionando con energía a todos aquellos que violan esas normas, pues es ésa la forma de hacer que prevalezca el interés general, por encima del de ciertos particulares.