Aunque es lamentable que en los tres niveles de gobierno se gasten anualmente miles de millones de pesos en tareas de fiscal, pues esas cantidades se podrían aplicar a carencias de tipos social con muchos mejores resultados, tenemos que aceptar que ello es necesario dada la proclividad de políticos y servidores públicos a hacer mal uso de los recursos que corresponden al pueblo.
Pero además es grave que, al decir de los voceros de la Auditoría Superior de la Federación, exista una marcada corriente en los gobiernos estatales que se opone a esas tareas de fiscalización, así como que en las entidades federativas se maneje con criterios diferenciados la forma de vigilar el uso de los recursos públicos, pues mientras que en algunas de ellas, como Oaxaca y Yucatán, apenas si se destinan 2.2 y 3.6 pesos por habitante para esas tareas, en otras como Tlaxcala, se aplican 23.9 pesos para el mismo propósito, lo que revela una severa disparidad.
Por otra parte, hay entidades que se niegan a dar información a la ASF de la forma en que auditan internamente la aplicación de los recursos públicos y existen otras que de plano se niegan a ser fiscalizadas por la federación en una posición absurda, porque es incuestionable que el gobierno de la República está a su vez obligado a proporcionar a los ciudadanos, al través de los órganos colegiados de representación popular, cuentas claras sobre la forma en que se aplican los recursos que se captan vía impuestos.
Lo ideal sería que todas las instancias de gobierno actuaran responsablemente e hicieran un uso correcto de los dineros que ingresan a los erarios públicos. Pero al no ser así, no queda más remedio que fortalecer y mantener el sistema de fiscalización y exigir de las entidades federativas el cumplimiento cabal de las responsabilidades que les corresponden de manejar con eficacia y transparencia los recursos que les transfiere la federación.