En el informe publicado sobre las finanzas del Gobierno de Coahuila en el año dos mil dos, resalta el gasto de la Secretaría de Fomento Económico que asciende a la cantidad de cuatrocientos sesenta y cuatro millones de pesos. La suma resulta fuera de proporción, si se toma en cuenta que por sí misma rebasa los presupuestos sumados de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos electorales.
Al cuestionamiento que antecede, el titular de la dependencia Ignacio Diego responde que en la partida referida están incluidas inversiones de infraestructura carretera e hidráulica y otras que no precisa. La explicación no convence y en cambio, revela una forma indebida de contabilizar que al mismo tiempo, pone de manifiesto un vicio ancestral de la administración pública nacional que acusa la falta de transparencia en la rendición de cuentas.
No es concebible que las partidas de gastos de una secretaría cuyo objeto es atraer inversión se incluya obra pública, por lo cual el caso exige una aclaración amplia, detallada y profunda. Es la oportunidad para ordenar las cosas y reiterar la exigencia de que las finanzas públicas se observen con un criterio analítico, que incluya un juicio razonado sobre la pertinencia del gasto y una confrontación física con los resultados materiales de acuerdo a precios de mercado.
La tarea que antecede es responsabilidad de los Diputados al Congreso de Coahuila, quienes están obligados a ahondar en el estudio de la cuenta pública. Los organismos intermedios y la sociedad en su conjunto está facultada a participar en el análisis de dichas cuentas, en términos del derecho de petición consagrado por la Constitución General de la República y en aras del principio de transparencia de la función pública.