Los legisladores que integran la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal continúan entrampados en las negociaciones para dar cuerpo y viabilidad al proyecto de Reforma Fiscal que permita, por una parte, recaudar más impuestos ampliando la base de contribuyentes, y por la otra, estructurar un sistema simplificado en el que contribuyentes y Gobierno sepan claramente cuáles son las reglas que deben cumplirse para estar dentro de la Ley.
Para ello se requiere que todos los involucrados en este proceso echen a volar la imaginación y descubran fórmulas para alcanzar el objetivo antes descrito, pues intentar recurrir a las vías simplistas no parece viable, prueba de ello es el gran rechazo que se ha presentado a raíz de la pretensión de gravar medicinas y alimentos con el Impuesto al Valor Agregado, así como con el que se pretende establecer para la producción, intermediación, comercialización e importación de productos.
Para colmo, la situación se complica al evidenciarse que la Secretaría de Hacienda se valió de la líder de la fracción priista en la Cámara, Elba Esther Gordillo, para filtrar la propuesta de ese nuevo impuesto identificado como IPI, lo que provocó una airada reacción de los diputados de esta fracción por considerar que se le estaba haciendo al Gobierno el “trabajo sucio”, apreciación que fue confirmada por el presidente del PRI, Roberto Madrazo, con lo que se enturbió aún más el ambiente de las negociaciones.
El problema se agrava si tomamos en cuenta que las posiciones de la mayoría los legisladores y el gobierno se están polarizando y mientras el tiempo pasa sin que se avizore un acuerdo definitivo, no obstante que el proyecto de Ley de Ingresos debe estar aprobado para el próximo mes de diciembre a fin de que entre en vigor al primero de enero. Y si ello no sucede así, se puede complicar aún más el panorama financiero, lo que sería lamentable para todos los sectores del país.