No es posible que en trescientos juicios laborales que se han entablado en contra del municipio de Torreón, no haya un buen número de casos en que los afectados fueron separados de sus cargos por motivos eminentemente políticos, catalogados así por quienes propusieron su separación sin pagarles lo que les corresponde conforme a la ley, porque la casual mencionada no está contemplada entre las que sustentan un despido y por ello deviene ilegal.
Por ese motivo, el ayuntamiento debe asumir que existe a su cargo un pasivo contingente que eventualmente tendrá que enfrentar, claro está, con dineros que pertenecen al pueblo, que es quien al final de cuentas siempre acaba pagando los caprichos e ineficiencias de los funcionarios públicos que al llegar a un cargo de decisión toman revancha o ven una amenaza en toda aquella persona que no es de su misma ideología.
Algo semejante, que no por difuso deja de tener también sus repercusiones económicas aunque sean más las de índole política, acontece con el sigilo impuesto en muchos departamentos y empresas paramunicipales, pues los jefes o directores de las mismas han girado instrucciones para que ninguno de los subordinados proporcione información a los medios de comunicación, como si fueran mentalmente incapaces de hacerlo.
Como ejemplos de ello, están Simas y el Instituto Municipal de Cultura, todo lo cual resulta una severa incongruencia, pues, por una parte, el alcalde Guillermo Anaya manifestó en su momento que él gobernaría con los ?mejores hombres y mujeres? del municipio y no exclusivamente con los de su misma ideología política. Y por otra, ¿de qué sirve que con bombo y platillo anuncie la aprobación de un reglamento sobre trasparencia en materia de información y luego imponga o permita que se imponga la ?ley mordaza? a quienes laboran en el municipio? Son éstos los absurdos que no se traga el pueblo.