La propuesta legislativa de reformar la constitución con la finalidad de permitir la intervención del sector privado en el área eléctrica está pendiente de dictaminar en el Congreso de la Unión y aunque las opiniones se han dividido en ese cuerpo colegiado, es evidente que una decisión de esa naturaleza no puede tomarse en razón de los intereses partidistas que priven en un momento dado, porque es trascendental para la vida del país.
Sostenemos lo anterior, porque los legisladores de origen panista afirman que la reforma se puede aprobar si los priístas lo aceptan, y algunos de éstos sostienen que la pretendida reforma está muerta en virtud de que el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional ya decidió que “sus” senadores no votarán a favor y como la iniciativa está presentada en el Senado como cámara de origen, la misma no pasará siquiera a la de diputados, de acuerdo con estas voces y por la razón expuesta.
Pero no se debe perder de vista que los senadores no representan a los partidos políticos, sino a las entidades federativas y en ese sentido cada uno de ellos está obligado a indagar cuál es el sentir de los ciudadanos que en ellas radican, independientemente de lo que puedan considerar las dirigencias partidistas, por lo común alejadas de la comunidad y más interesadas en preservar sus canonjías y privilegios que en el bienestar comunitario.
Sin embargo, cada legislador es libre de actuar conforme a su criterio. De ahí la importancia de que estén debidamente informados y conscientes del daño que se puede causar a la República cuando se actúa sólo por motivos partidistas sin atender al interés superior de la ciudadanía o a las razones estratégicas que indican que de no realizarse esa reforma en muy corto tiempo el país se enfrentará a una crisis de energía eléctrica.