Aunque cuestionado por la forma en que se integró, el nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral, entró ya en funciones y si bien los mayores cuestionamientos provinieron del Partido de la Revolución Democrática, lo cierto es que la dirigencia del mismo y los diputados federales que a él pertenecen reaccionaron de esa forma en razón de que no pudieron sacar adelante sus propuestas de consejeros, lo que significa que en esencia no repudiaron el método utilizado.
Sin embargo, aún reconociendo que el partido del sol Azteca está en su derecho de recurrir a las instancias legales para impugnar algunos de los nombramientos, debe puntualizarse que tal impugnación es válida si se realiza ante órganos nacionales, pues para eso se han creado, sin que ello signifique que el PRD tenga razones fundadas para impugnar los nombramientos hechos por la Cámara de Diputados, toda vez que no existe disposición que obligue a que dichos nombramientos sean hechos por unanimidad de votos.
Lo que sí es cuestionable es el hecho de que, ante la falta de argumentos frente a las instancias nacionales, algunos representantes de ese Partido sostengan que interpondrán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y buscar por ese medio que se revoque la resolución tomada por la Cámara, al tiempo que dicen estar reuniendo pruebas para justificar que algunos de los nuevos consejeros son simpatizantes de ciertos partidos.
Al respecto, debe recordarse, por una parte, que no hay ciudadanos químicamente puros, pues en mayor o menor grado, todos mantienen ciertas afinidades con los partidos nacionales. Pero además, apelar a la CIDH es tanto como invitar a un organismo internacional a que venga a inmiscuirse en cuestiones de política interna, lo que implica un intento para posibilitar la violación de la soberanía nacional, lo que no es saludable desde ningún punto de vista.