Aparentemente sin conexión, se publicaron ayer en las páginas de El Siglo, dos noticias que sin embargo, guardan una íntima relación. Porque nos muestran de cuerpo entero uno de los problemas más graves de entre los que existen en el país y es el referente a la justa distribución de la riqueza, que en esencia se puede concretar en la conocida frase de que “nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras alguien carezca de lo estricto”.
En esas dos noticias se informaba, por una parte, que la secretaría de Gobernación, en los dos años anteriores, ha gastado 55 millones de peso en la compra de vehículos, dar mantenimiento al parque vehicular de esa secretaría y cubrir el suministro de gasolina. Y por otra, que el ISSSTE, ha disminuido su capacidad para dar medicamentos a las personas jubiladas que cuentan con el servicio médico de esa institución de salud.
Integrantes de la Unión Pro Dignificación de Jubilados del ISSSTE, dieron a conocer que en los últimos meses ha disminuido drásticamente la disposición de medicamentos para ese sector del Instituto, pues si con anterioridad se les surtían tres o cuatro medicinas de seis que demandaban, ahora de cada ocho solo les pueden surtir una o dos, lo que coloca a los jubilados en un estado casi de muerte.
En ese sentido, no es justo desde el ángulo que se le analice, que personas que entregaron toda su vida al servicio del Estado, en los momentos en que más la necesitan no obtengan una respuesta integral a sus necesidades de atención médica, mientras que el propio Estado gasta millones de pesos en vehículos que si bien se requieren para el desempeño de la alta burocracia, no son indispensables. Es evidente que en ése como en muchos otros rubros, no existe un criterio de prioridades con el que el estado atienda lo estricto, postergando lo superfluo.