De nueva cuenta la Procuraduría de Justicia de Coahuila es cuestionada, en ocasión de una acusación fallida en contra de unos agentes financieros de la localidad, por un delito patrimonial. No es el caso de asumir postura, pues correspondió a la autoridad judicial pronunciarse en el sentido de un auto de libertad, por falta de elementos para procesar a los injustamente inculpados.
Indigna que al integrar la averiguación penal, el Ministerio Público no haya dado a conocer la acusación a los inculpados y se les haya privado de su derecho constitucional de ser oídos sobre su versión al respecto. Dado lo complejo de los negocios de que se trata, era obligado un análisis oportuno y profundo de los hechos y de los aspectos técnicos de la operación escuchando a todas las partes.
No es la primera vez que algo así ocurre; el hecho de que el Ministerio Público en nuestra ciudad envíe citatorios que nunca llegan a manos de sus destinatarios es frecuente. El resultado es que el presunto citado no se entera ni comparece; la investigación se lleva a sus espaldas y en el expediente se refleja esta situación como rebeldía o desinterés de su parte, lo que conduce a detenciones sorpresivas y sin fundamento.
Este y otros vicios de la Procuración de Justicia en Coahuila, interpelan a un gobierno que mantiene oídos sordos. La comunidad permanece expuesta a los efectos de la criminalidad, mientras el combate al delito se debate entre los extremos de la impunidad de los verdaderos delincuentes y el agravio sistemático a personas inocentes, a las que después de privarlas de su libertad y ser expuestas al escrutinio público se les dice: Usted perdone.