Como positiva es de calificarse la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte del Congreso del Estado de Coahuila. El dispositivo legal en cita también conocido como Ley de Transparencia, tiene por objeto garantizar a los ciudadanos el acceso a la información, concerniente a la operación administrativa de los órganos de gobierno y el destino de los recursos económicos que empleen.
La nueva Ley deriva de una iniciativa de la oposición que con posterioridad fue secundada por el Poder Ejecutivo mediante una aportación sobre el particular, lo que marca un hito en la historia de la legislatura coahuilense. Las propuestas fueron consensuadas después de meses de consulta pública y discusiones en el Congreso, lo que implica una responsabilidad compartida entre comunidad, gobierno y partidos actores.
Esta forma de participación es en beneficio de la ciudadanía, con independencia de que al aplicarse se detecten inconvenientes que se deberán resolver en el mismo espíritu democrático. Están pendientes dos cuestiones relativas al tema de la Transparencia; la operación del Instituto que vea por cumplimiento de la Ley, lo que depende de factores presupuestales, y la creación de la conexa Ley de Protección de Datos Personales.
Respecto a esta última controvertida Ley, existe el antecedente de una iniciativa del Ejecutivo que por ser considerada violatoria de la Libertad de Prensa y otros derechos relativos al respeto a la intimidad de personas e instituciones, fue atinadamente retirada. Ojalá que la discusión del paquete legislativo en el tema que nos ocupa, concluya en consenso de los protagonistas de la vida pública de Coahuila.