En alguna ocasión, Francisco Barrio, ahora ex secretario de la extinta Secodam, dijo públicamente que el presidente Vicente Fox no cambiaba la reforma fiscal que se negociaba entonces en el Congreso, que para él eran cacahuates, por los lingotes de oro que representaba el caso comúnmente conocido como Pemexgate, en el que según las autoridades se desviaron de la paraestatal más de mil millones de pesos que fueron entregados al sindicato petrolero y de ahí a la campaña de Francisco Labastida.
Pero tomando en cuenta los últimos acontecimientos en los cuales la Procuraduría General de la República exoneró a todos los involucrados en el Pemexgate de los delitos de “lavado” de dinero y delincuencia organizada, resulta que los famosos lingotes de oro no eran más que un espejismo, pues Barrio convirtió, a la vista del Presidente, un puñado de cacahuates en un metal precioso que a la vuelta de dieciocho meses la propia PGR se encargó de desvanecer.
Lamentablemente, para cierto sector de la ciudadanía siempre quedará la impresión de que sí hubo transferencias de recursos para fines políticos y para otro sector que algunos hombres del gobierno de Fox se encargaron de armar una estrategia política, sin sustento jurídico, que otros más de su mismo equipo desarmaron, lo que de alguna forma transmite una idea de impunidad o de revancha política, según se vea. Pero en cualquiera de los dos casos sienta un mal precedente.
En virtud de la determinación de la Procuraduría, todo aquel escándalo que se inició hace más de un año y medio, quedará reducido a un posible delito de peculado electoral. Eso, si acaso la Fiscalía Especial para Delitos Electorales logra probar que los priistas: Dulce María Sauri, Emilio Gamboa, Humberto Roque y Manuel Bartlett hicieron uso de dinero a sabiendas de que tenía un origen ilícito, pues si no es así, ni por ese delito lograrán procesar a algunos de todos los originalmente catalogados como presuntos responsables.