Dentro de las fuerzas políticas nacionales es el Partido Revolucionario Institucional el que cuenta en su seno con los sectores más reacios a cualquier tipo de negociación que implicara reformas legales, mediante las cuales, se le pudiera dar viabilidad a un proyecto que permitiera la participación de capital privado en el sector eléctrico, argumentando que aceptar un esquema de esa naturaleza entraña un atentado a la soberanía nacional.
Esa tendencia está representada por los llamados priistas “duros” que no admiten concesión alguna al gobierno del presidente Vicente Fox, en tanto que otro sector del Partido impulsaba desde hace tiempo una negociación razonada que llevara al país a salir adelante mediante la autorización a la administración federal para que pudiera buscar la captación de inversiones privadas siempre y cuando se garantizara la rectoría del Estado en dicha materia y el beneficio de los usuarios.
Las confrontaciones entre ambos bandos se prolongaron durante muchos meses y en ocasiones pasaban de lo razonable al enfrentamiento personal, lo cual no ayudaba a que se pudiera llegar a un acuerdo fundamentado. En tal estado de cosas, la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional del PRI aprobó el sábado pasado, de manera unánime, impulsar enmiendas al marco jurídico para dar certidumbre a la inversión privada en el sector eléctrico.
Sobre la base de que tales enmiendas deben producir beneficios que se transfieran de inmediato a los consumidores domésticos en tarifas justas y que las mismas sean competitivas para los productores y prestadores de servicios, el PRI dio luz verde para que se trabaje seriamente en un proyecto de reformas, partiendo de la base que con ellas se dará certidumbre al futuro del país, lo cual revela sensatez y se dejan atrás las posturas absurdas y demagógicas que en su momento esgrimieron los sectores “duros” de ese Partido.