Es verdad que la aplicación de la ley no puede ser motivo de negociación con ninguna persona o grupo que la haya violado, como también lo es que al aplicarla la autoridad no puede hacer distingos de ninguna naturaleza. Sin embargo, para la Procuraduría de Justicia del estado de México y la General de la República, los conflictos generados por los ejidatarios de San Salvador Atenco deben ser sometidos a una mesa de negociaciones en la búsqueda de la paz social y la gobernabilidad.
Aunque el procurador mexiquense, Alfonso Navarrete, culpa de tal situación a la PGR y sostiene que la institución a su cargo ya hizo lo que le correspondía, lo cierto es que esas acciones no han sido suficientes como para lograr que retorne la calma a esa comunidad y de ahí el interés de las autoridades estatales por establecer una mesa de negociaciones en la que de entrada las autoridades que frente a ella se sienten irán en notoria desventaja.
La desventaja consiste en el hecho de que, machete en mano y violentando la ley, los ejidatarios lograron que el Gobierno Federal diera marcha atrás a la construcción del aeropuerto que estaba planeado en la citada población, lo que generó una serie de pérdidas económicas y la impunidad de los líderes ejidales que no obstante los procedimientos que se les instauraron en el estado de México, ninguno de ellos se encuentra privado de su libertad.
Ese mal precedente y la debilidad mostrada por las autoridades federales que ni siquiera instauraron procedimiento alguno en contra de los presuntos responsables, han sentado un lamentable ejemplo que seguramente será seguido por otros grupos que consideren la realización de cualquier obra pública como atentatoria de sus derechos de propiedad, lo que paralizará muchas acciones a favor de los grupos mayoritarios, por el simple hecho de que unos pocos se opongan a ellas.