Una vez más, pero ahora con la Auditoría Superior de la Federación, el presidente Vicente Fox se confronta legalmente al obtener de la Suprema Corte una suspensión para que no se saquen del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los créditos irregulares que por más de nueve mil quinientos millones de pesos ingresó Banamex al Fobaproa, en una de las instituciones que más polémica ha causado y que fue creada en la administración anterior para salvar a la banca nacional.
La Auditoría Superior responde a un acuerdo del Congreso que fue votado por unanimidad, pero ante ese acuerdo el Ejecutivo Federal promovió una controversia constitucional que está pendiente de resolución, lo que coloca al Presidente más del lado de los banqueros que de los deudores y en general del pueblo que nunca estuvo de acuerdo con que el gobierno favoreciera a aquellos al través del fondo mediante el cual se evitó la quiebra de algunos bancos.
En términos generales se puede decir que los banqueros se ganaron a pulso el rechazo del pueblo, pues no obstante esa acción del gobierno que los salvó de una crisis definitiva, éstos no se han mostrado nunca conscientes de la grave situación que afrontan millones de deudores que, al igual que los bancos, se vieron afectados por la situación económica nacional y sin embargo a los deudores el gobierno no los ayudó en la forma en que auxilió a los bancos.
Ese estado de cosas es lo que causó la repulsa popular y las críticas reiteradas a un gobierno más preocupado por los poderosos banqueros que por los débiles deudores muchos de los cuales perdieron todos sus bienes a manos de insensibles banqueros y abogados, que no obstante haberse beneficiado con el rescate bancario, han actuado inflexiblemente frente a sus deudores que se encuentran en condiciones precarias, a pesar de lo cual siguen sin ser defendidos por el gobierno de la República.