Aunque resulta evidente que la encuesta ciudadana llevada al cabo en el estado de México por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista tiene fines meramente electorales, sus resultados no dejan de llamar la atención, en razón de que la gran mayoría de quienes acudieron a las urnas para emitir su opinión sobre el tema motivo de la misma, votaron a favor de que se implante la pena de muerte para ciertos delincuentes y la cadena perpetua para aquellos que siendo servidores públicos presten ayuda a aquellos.
En ese sentido, hay ciudadanos que están de acuerdo en que se aplique la pena de muerte para quienes cometan los delitos de: homicidio calificado, secuestro, asalto con violencia y robo de infantes. Al mismo tiempo, piden que se aplique cadena perpetua a violadores y a los jueces, funcionarios y policías que se asocien con los delincuentes, pues se estima que todos estos delitos son los que más lastiman a la sociedad y generan en ella un sentimiento de inseguridad extrema.
Desde el punto de vista jurídico, está claro que para poder establecer ese tipo de penas, sería necesario que el Congreso de la Unión reformara la Constitución General para el efecto de que en los códigos penales de las entidades federativas se pudiera legislar en ese sentido, lo que torna inviables los resultados de la encuesta ciudadana, porque partidos como el de la Revolución Democrática y el de Acción Nacional, se oponen a esas reformas.
Sin embargo, ello no es obstáculo para que se desatienda por completo el dato que arroja la encuesta, pues es evidente que un número significativo de ciudadanos estaría de acuerdo con que se aplicaran esas penas a fin de asegurarse de que delincuentes que actúan con gran temeridad recuperaran pronto su libertad y volvieran a delinquir, dada la ineficiencia existente en la procuración e impartición de justicia.