En un enésimo señalamiento sobre el particular, el Presidente del Fideicomiso Regional para la Seguridad Pública reclama la injusta distribución de recursos que privilegia a la Policía Estatal Preventiva. La materia de la interpelación al respecto, apunta a que no se advierte una misión específica y productiva de dicha corporación, que por añadido opera como factor de extorsión en contra de la sociedad.
El desempeño negativo contrasta con el enorme apoyo que recibe la PEP en parque vehicular, uniformes y equipo tecnológico que puede calificarse de lujo. No es criticable que este u otro cuerpo de seguridad se encuentren bien equipadas, sino la falta de objetivos y metas definidas que hacen del gasto en este renglón un dispendio que el Gobierno de Coahuila debe justificar.
Con toda razón el Consejero Ciudadano señala que la corporación referida se entremete en labores que corresponden al nivel municipal de gobierno, lo que implica una violación al artículo 115 de la Constitución de la República. Lo dicho introduce un ingrediente político que en el caso de Torreón adquiere una dimensión especial, dada la cohabitación de dos partidos distintos en ambos niveles de gobierno.
Es necesario un diálogo entre sociedad y gobierno en este punto concreto, que permita reencauzar las funciones policíacas al margen de las ambiciones políticas de control. La importancia de la Seguridad Pública como tema esencial de nuestra vida pública, amerita que se optimice el aprovechamiento de los impuestos que el pueblo paga, en aras de un avance en el rubro en cuestión.