La aparición de grupos populistas que enturbian la vida pública regional allende el Nazas, deben ser objeto de puntual atención por parte de las autoridades. Tal es el caso del llamado Consejo Coordinador Obrero Popular que en Gómez Palacio, ha emergido en la Escuela Emilio Carranza y otros planteles del sistema de educación pública estatal, generando problemas que ponen en riesgo el rendimiento y hasta la viabilidad misma de tales instituciones.
Es cierto que la Constitución general de la República garantiza la libertad de reunión y asociación y que tales derechos son la base de la participación cívica de la sociedad cuando su ejercicio se orienta en sentido positivo y de manera pacífica y respetuosa. Sin embargo, en la especie se trata de agrupaciones provocadoras y hasta violentas, cuyas actitudes y activismo se sitúan por sí mismas fuera del marco legal.
De acuerdo a la experiencia, tales organizaciones suelen ser alentadas desde la estructura del poder como elementos de choque para favorecer intereses ilegítimos, cuyos promotores no se atreven a confesar. El problema se agrava si consideramos que tales brotes de política sucia, ocurren en la antesala de lo que serán las elecciones federales del seis de julio y de cara a los acomodos al interior de un gobierno local que inicia su camino de salida.
Además de la escuela mencionada, integrantes del llamado Cocopo han participado en fecha reciente en la toma de las instalaciones del Instituto 18 de Marzo y de la Escuela Silvestre Revueltas en la mencionada ciudad, así como del Centro de Bachillerato Tecnológico de Ciudad Lerdo. La movilidad de referencia acredita una ilegítima intromisión de elementos extraños en cada caso, que debe ser conjurada a fin de preservar al sistema educativo duranguense de los estragos del activismo estéril.