Desde que se creó la federación mexicana, la historia se ha repetido a lo largo de muchas décadas, pues es la federación quien determina los parámetros conforme a los cuales las entidades federativas reciben recursos y ello obedece al hecho bien conocido de que fue la federación y no los estados quien decidió qué rubros impositivos se reservaba para sí y cuáles les deja a los estados.
Es por ello recurrente el que la federación disminuya los recursos que destina a los estados, como ahora de nueva cuenta le sucede a Coahuila, pues nuestra entidad se verá afectada con setenta millones menos que dejará de percibir, porque el Gobierno Federal tomará en cuenta los datos estadísticos del INEGI, que reportan un incremento en los índices de desempleo, para efectuar ese recorte, como si esos datos no pudieran ser rebatidos.
Ya en una ocasión anterior la federación le hizo un recorte semejante a las participaciones estatales de Coahuila, partiendo de la base de que como muchas viviendas de la clase baja contaban con piso de concreto, gracias a un programa estatal, eso había hecho variar los datos de la secretaría de Desarrollo Social relativos a la pobreza y extrema miseria y por tanto Coahuila no requería ya el mismo grado de apoyo que en años anteriores, lo cual es absurdo.
La federación continúa actuando caprichosamente y de manera unilateral, lo que lleva a exigir la revisión del pacto federal en lo que a la materia hacendaria se refiere, así como, a la necesidad de impugnar legalmente esa forma de distribución de recursos ante las instancias jurisdiccionales. Porque de no ser así seguiremos a merced del Ejecutivo federal en un estado de dependencia tal que nuestro desarrollo como entidad estará sujeto a lo que aquél determine y ello es evidentemente injusto.