Con bombo y platillo la federación ha anunciado que entregará más recursos a las entidades federativas derivados del incremento en el precio del petróleo, lo que le ha permitido a la secretaría de Hacienda, captar más recursos y una parte de los mismos hacerla llegar a los estados, con el añadido, según sostienen los voceros de esa secretaría, de que los gobierno estatales pueden recaudar hasta un 14 por ciento más que en años anteriores si establecen los mecanismos para cobrar rubros que antes no tenían.
En teoría los datos parecen halagüeños, pero en la realidad puede no ser así por diversos motivos, entre los que destacan que la cantidad a repartir por el incremento en el precio del petróleo asciende a siete mil millones de pesos, cuando del gran total que supera los cincuenta mil millones, la secretaría de Hacienda está descontando once mil, alegando que tal es la suma que se pierde anualmente por el robo de combustible.
A este respeto, es de advertirse que la suma citada es notoriamente superior a la que se repartirá entre los estados, de donde deriva la presunción de que la misma se ha elevado con otros propósitos y que no corresponde a los montos reales. Pero además, si lo que se va a repartir a los estados el dinero proveniente del diferencial por el aumento del precio, el cual se produjo en el primer trimestre del año, no es posible que a esa suma le resten una pérdida que se debió tener contemplada presupuestalmente aún sin ese incremento.
En ese sentido, puede afirmarse que las cuentas no cuadran, por lo que válidamente podría pensarse que Hacienda está amañando los números en perjuicio de las entidades federativas. Pero además, esta misma dependencia del Ejecutivo federal pretende que sean los estados quienes cobren a los pequeños contribuyentes rubros como el Impuesto Sobre la Renta y que se queden con esos ingresos, lo que implica ahorcar a esos contribuyentes, pero poniendo a los estados como verdugos.