El conflicto suscitado en Mapimí, Durango, entre el Presidente Municipal de extracción priista y un regidor de oposición respecto a las funciones del Cabildo, amerita ser objeto de comentario. De acuerdo a los antecedentes, el edil de representación proporcional emanado del Partido Duranguense, denunció malos manejos en pagos a proveedores del Ayuntamiento y respecto al control de licencias para venta de bebidas alcohólicas.
Lo anterior bastó para que se desatara en contra del Regidor una persecución por parte del Alcalde con apoyo de un Agente del Ministerio Público, lo que involucra y responsabiliza a la Procuraduría de Justicia de Durango. El Regidor enfrenta una acusación absurda, por haber dispuesto de información a la que tuvo acceso en ocasión de las funciones que desempeña y que está en su derecho de dar a conocer a la ciudadanía o a otras autoridades si lo estima pertinente.
La información publicada el día de ayer por El Siglo de Torreón es preocupante: Pólizas de cheques a nombre del Alcalde que no corresponden a su sueldo, facturas en blanco, proveedores fantasmas, etcétera. A esta documentación se suma otra relativa al padrón de alcoholes que revela actos de nepotismo y la concesión de un permiso a un sujeto previamente considerado vendedor clandestino, sin que de acuerdo al dicho del Regidor tal decisión haya pasado por el Cabildo.
Los tiempos han cambiado y la modernidad exige transparencia en el proceder de las autoridades, por lo que resulta inadmisible que sea perseguida como delito semejante forma de obtener y difundir información gubernamental. El Alcalde de Mapimí y el Gobierno de Durango, están obligados a tratar este asunto en el mejor nivel de civilidad, conforme a las exigencias de una comunidad crítica y participativa.