Por acuerdo del Congreso de Coahuila se tomó la determinación de integrar una comisión de diputados que investigara la denuncia presentada por la Cámara de la Propiedad Urbana consistente en un posible tráfico de influencia y por ende una presenta violación a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, por parte de funcionarios del SIMAS al haber asignado de manera directa, a catorce empresas constructoras, la realización de las obras de reparación de los colectores que resultaron dañados por las intensas lluvias de este año.
El caso interesa y preocupa a la ciudadanía, porque no existe ninguna justificación para que se violente la Ley y menos en cuestiones tan delicadas como son las relacionadas con las obras públicas. No obstante ello, los diputados que integran la citada comisión deben concretarse a recabar la información relativa al caso en comento sin exteriorizar juicio alguno sobre la forma en que actuó SIMAS o sus funcionarios, puesto que el Congreso no es una instancia jurisdiccional.
Consideramos lo anterior, porque es frecuente que en el Congreso estatal se politicen este tipo de temas y sean aprovechados con intereses electorales, lo cual es incorrecto, máxime que por los motivos ya conocidos en el municipio de Torreón se está reponiendo la elección de diputado federal en el sexto distrito y el asunto mencionado puede ser utilizado con fines aviesos si los diputados no actúan de manera seria y objetiva.
Lo anterior no implica que el caso no se investigue y no sólo por el Congreso, sino por todas las instancias gubernamentales que tengan competencia para ello, pues la ciudadanía se siente especialmente agraviada en los asuntos en que se dejan impunes conductas que, conforme a la Ley, son constitutivas de delitos y más cuando en los mismos se involucran recursos que pertenecen al pueblo, los que siempre deben ser manejados escrupulosamente.