Mientras que el alcalde Guillermo Anaya sostiene; “ya nos pusimos de acuerdo en el Consejo de Simas”, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Rubén González Hernández afirma que “las dudas persisten” y por tanto este día presentará ante la secretaría de la Contraloría y el Congreso del estado la denuncia sobre el caso de la asignación directa de obras de reparación de algunos colectores, pues por lo visto nada se ha aclarado y todo está turbio.
Lo que resulta preocupante es que el alcalde estime que con el hecho de ponerse de acuerdo entre los integrantes del Consejo de Simas, todo estará resuelto, como si este asunto no debiera ser aclarado de frente a la ciudadanía que es ante quien debe quedar esclarecido, pues tanto en el caso del ayuntamiento, como en los de Simas, los dineros que en ambos se manejan son del pueblo y no de unas cuantas personas que son las que integran aquél o el consejo de este sistema.
No debe entonces Guillermo Anaya considerar que este tipo de asuntos pueden resolverse en reuniones privadas y dando las explicaciones del caso sólo a aquellas personas que él, o alguno de los funcionarios municipales involucrados estimen conveniente, cuando que el caso en comento involucra no sólo el manejo de dineros públicos, lo que es de por sí grave, sino la credibilidad del alcalde, pues si tal tratamiento le da a un asunto tan delicado, no podemos menos que preguntarnos ¿cuál será la forma de tratar otros asuntos?
Pero además, el alcalde no ha tenido el tacto y la prudencia que se requieren para tratar este caso, pues se ha dirigido a quienes lo cuestionan con calificativos insultantes, como el de “títeres”, o utilizando para justificar su conducta el manido argumento de que se están magnificando los hechos por intereses meramente políticos, cuando que las imputaciones son precisas y están fundamentadas en la ley de Responsabilidades, por lo que es evidente que sólo con una investigación exhaustiva, realizada de cara a la ciudadanía, puede quedar satisfecha ésta.