Aunque ciertamente se presenta con mayor frecuencia en unas poblaciones que en otras, lo cierto es que la violencia intrafamiliar es un fenómeno común en nuestras sociedades y por ello, el Estado está obligado a poner cuanto esté de su parte para erradicar las causas que lo provocan, si bien algunas (como la referente a la educación) sólo se podrá eliminar a largo plazo.
No obstante, el primer paso que se debe dar es contar con una legislación que sancione las conductas que hacen, preferentemente, a la mujer y los menores, víctimas de este tipo de acciones y en ese sentido, el Estado de Durango lleva un atraso considerable si se le compara, por no ir lejos, con entidades como Coahuila, en donde justo es señalarlo, sí se han dado los pasos necesarios en materia legislativa.
En efecto, desde 1996, Coahuila cuenta con una ley que, a instancia de la sociedad civil, aprobó el Congreso Local y después del Distrito Federal, fue el primer Estado en contar con una ley que sancionara la violencia intrafamiliar, con el añadido de que, para 1999, en Coahuila ya se había tipificado esta forma de violencia como delito penal y causal de divorcio, con lo que se llegó todavía más allá.
En Durango, los tres poderes gubernamentales se han mostrado lentos y en cierto modo indolentes, porque más de seis años después apenas si se está considerando la necesidad de legislar en esa materia, lo que resulta incomprensible si se toma en cuenta la contigüidad de ambas entidades. Aun así, el Congreso de Durango debe actuar cuanto antes para abatir el rezago que existe en el ámbito legislativo y poder contar de inmediato con normas que sancionen la violencia intrafamiliar.